Según el ministro de Salud, José Ruales, la información entregada será remitida a organismos estatales.
Siete grupos serían proveedores habituales de medicamentos e insumos en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) donde se generarían presuntas irregularidades.
“Siete grupos muy puntuales, nombres y apellidos, y la estructura que está organizada para el asalto en este país (…) creemos que es bueno conocerlos para que se tengan las precauciones y los recaudos indispensables”, dijo Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción al entregar un listado al ministro de Salud, José Ruales, este miércoles, 31 de agosto, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito.
Según Rodas, la información ya fue entregada a la Contraloría en 2018.
“Ellos se ponen de acuerdo para, de alguna manera, participar en los concursos y obtienen ventajas, de forma permanente, el uno o el otro grupo, es decir, hay una especie de mutuo acuerdo entre ellos (…) no pueden ganar un concurso si es que adentro no les entregan la información y opera tanto en el Ministerio de Salud cuanto en el IESS”, afirmó Rodas, sobre cómo actuarían.
Para Rodas, esos grupos se han ido consolidando desde hace 10 o 12 años y se refirió a un grupo que es rumano-checo-español que opera con 4 o 5 personas que participan en concursos de provisión de insumos médicos así como en los procesos de subastas inversas.
Acotó que denuncian un sistema más que montos de dinero.
Ruales expresó que, en base a identificación de modos operandi de oferentes que, entre ellos, manejaban las ofertas y los precios, en esa cartera de Estado han cambiado la forma de las compras públicas evitando las adquisiciones por subastas emergentes por mínimas cuantías que eran donde se producía la corrupción.
Sostuvo que han comprado medicamentos por un valor de $ 19 millones para abastecimiento de ocho meses.
Rodas le preguntó a Ruales “¿y si están calificados proveedores que tienen una hoja de vida oscura?”, quien respondió que la información entregada por la comisión será remitida al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), y a la Secretaría gubernamental Anticorrupción, y si se identifican aspectos ilegales que se proceda a las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado.