Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para primer debate de la Ley de Fundaciones. Foto: Asamblea Nacional.
Se trata del informe para primer debate de la Ley de Fundaciones que propone controlar mejor a las organizaciones sociales sin fines de lucro, combatir el lavado de dinero y garantizar transparencia en la gestión de recursos.
Con ocho votos favorables, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó el informe para el primer debate del cuarto Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, declarado urgente por el Ejecutivo el 29 de julio.
El proyecto crea un marco legal para detectar y prevenir movimientos irregulares de capital, garantizar que las entidades actúen conforme a su naturaleza y fines, mejorar la coordinación institucional y reforzar los sistemas de control, sin vulnerar la libertad de asociación.
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) supervisará a las organizaciones, aplicando un sistema de clasificación por niveles de riesgo (bajo, medio y alto) para asignar obligaciones proporcionales.
El proyecto propone además la creación del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, una plataforma digital pública que centralizará datos legales, financieros y operativos de estas entidades.
Habrá seguimiento y también reconocimiento
La ley incluye un enfoque basado en riesgos, premiando a las organizaciones que implementen buenas prácticas de integridad con prioridad en programas de cooperación y alianzas. Se aclara que estas medidas no podrán usarse para persecución política ni para restringir la libertad de asociación.
La razón urgente de esta normativa
La normativa nace como un respuesta a irregularidades que generan cifras preocupantes: entre 2007 y 2020 hubo más de 22.600 millones de dólares movilizados sin justificación en el sistema financiero, y solo en los primeros cinco meses de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó transacciones sospechosas por 600 millones de dólares.
Con la aprobación de esta ley, Ecuador puede impedir el lavado de dinero, reforzando la supervisión y transparencia en los fondos para proteger el sistema financiero y la seguridad nacional, y de paso, restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones públicas.
