La Comisión de Fiscalización de la Asamblea inició un proceso de investigación, sobre presuntas actuaciones irregulares por parte de operadores de justicia, en el contexto del actual conflicto interno que enfrenta Ecuador.
En la mesa hay mucha preocupación por ciertas decisiones judiciales, que estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia.
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Para este propósito, la comisión recibió al ministro del Interior, John Reimberg, y al comandante general de la Policía, Pablo Dávila Maldonado.
Barreras en la justicia
En su intervención, Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado, se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.
El funcionario recordó que de los 104.000 aprehendidos, en los más de 900 operativos, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos. Otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.
Además reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces, hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
De su lado, el Comandante de la Policía aseguró que la Institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita, para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo.
Aseguró que cerca del 60%, de los más de 25.000 ciudadanos aprehendidos en flagrancia, ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pese a que muchos de ellos tienen 5 o más detenciones por las mismas causas.
Investigación a fondo
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinand Álvarez, prometió que el organismo parlamentario continuará con este proceso de investigación, hasta obtener resultados que garanticen una adecuada administración de justicia.
