Con eliminación del examen Transformar, en universidades de Azuay y Cañar se considera que asumir responsabilidad de admisión debe darse con recursos

En la parroquia Javier Loyola, del cantón Azogues, provincia del Cañar, se encuentra la UNAE que actualmente oferta siete carreras de manera presencial acogiendo a algo más de 4.000 estudiantes, 700 nuevos cada inicio de ciclo lectivo.

Su vicerrector académico, Luis Hernández, no mostró mayor sorpresa al indicar que “nuestra universidad, como todas, tienen organizados sus procesos de admisión que habrá que mejorar y perfeccionar a partir de la nueva responsabilidad”.

Sobre si esto afectará su presupuesto es un tema que aún no lo tiene claro, pero al ser un mandato legal apuntó a reforzar el proceso interno para que ingresen “los más capaces”.

Mientras que desde la Universidad de Cuenca la lectura de esto es mucho más crítica. Su rectora, María Augusta Hermida, consideró que esto responde a una promesa de campaña de Guillermo Lasso, misma que desde su perspectiva es “muy peligrosa” porque -según ella- no considera la problemática real de universidad publica ecuatoriana.

Fue enfática al decir que aunque el examen se elimine, eso no implicará un mayor cupo o libre ingreso de estudiantes nuevos, sino que únicamente la competencia la asumirán las instituciones de educación superior.

Su presupuesto anual es de $ 70 millones, de los cuales $ 46 millones se destinan a tres rubros básicos: pago a docentes, investigación y vinculación con la comunidad, según informó a este Diario el vicerrector académico Leonardo Espinoza.

Más del 80 % de sus ingresos provienen del presupuesto general del Estado y el resto se genera de procesos de autogestión. Con esto, la universidad azuaya mantiene un promedio de 16.000 alumnos desde hace seis a siete años para la formación de profesionales en 52 carreras, informó.

Pero con esta nueva responsabilidad, Hermida advirtió que “con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, 2020, 2021 y 2022 esto resulta imposible”.

Con un panorama incierto, la rectora comentó también que se han mantenido algunas conversaciones informales con otras autoridades para buscar formas de asumir el proceso en conjunto para abaratar costos en lo que concierne a implementar equipos, plataformas y otras necesidades técnicas, pero si esto no prospera lo harán por sí mismos, aunque todavía no saben cómo. Advirtió que cualquier decisión debe estar acompañada de recursos.