Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas
Las concesiones viales en la provincia del Guayas fueron extendidas por 30 años, pero con los mismos operadores.
Consultada por “Punto de Orden”, la prefecta Marcela Aguiñaga explicó que, tal como lo permite la ley, las empresas concesionarias recibieron esta prórroga, como un mecanismo que permite cubrir la deuda que mantiene el GAD.
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Forma de pago
Como parte de lo acordado, una vez concluido el plazo de 25 años de concesión, ambas partes analizaron las condiciones del contrato. Y ahí se determinó que la Prefectura le debía 516 millones de dólares a las empresas privadas.
Esta suma es la diferencia entre la inversión realizada, por construcción, ampliación y mantenimiento de vías, y los montos recibidos por peajes, que se mantienen congelados en un dólar para vehículos livianos.
A fin de no distraer recursos de la corporación provincial, acordó ampliar el plazo por 30 años, tal como lo permite la ley y el propio contrato.
Aguiñaga precisó que un caso similar ocurre con Panavial, a cargo de otras vías del país, y que también recibió una extensión de 30 años.
Incluso la Contraloría auditó el proceso, anotó la dignataria.
Las nuevas condiciones establecen que la Prefectura del Guayas, recibirá 300 millones de dólares en esos 30 años.
El siguiente paso será analizar otros rubros. Por ejemplo, mayor peaje para carros más pesados, tomando en cuenta que el 40% de toda la carga logística del país utiliza las vías de esta provincia, que por tanto sufren mayor desgaste.
También negó una supuesta “condonación de multas” a las concesionarias. El tema fue resuelto por el centro de negociación de la Función Judicial, y no por la prefectura.
Aguiñaga reconoció que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), como organismo a cargo de toda la red vial del país, podría dar por terminado el contrato de concesión y su prórroga. Sin embargo, tendría que liquidar a las empresas privadas, con el consiguiente egreso.
Caso Quinto Puente
En torno a la situación del proyecto del Quinto Puente, que unirá el puerto de Guayaquil con el resto del país, Aguiñaga aclaró que los atrasos que existen, se deben a deficiencias en los estudios entregados por el MIT, y a retrasos en la asignación de fondos.
El Gobierno decidió dar por terminado el acuerdo con la Prefectura del Guayas, para la construcción de los tramos 4 y 5, por un supuesto incumplimiento.
Aguiñaga afirmó que está dispuesta que esos atrasos se debieron a los problemas mencionados, y se mostró dispuesta a tratar el tema.
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Finalmente, precisó que se dio por terminado el contrato con la empresa china, encargada del dragado del Río Guayas, debido a que las multas impuestas rebasaron el 5% del monto acordado, tal como lo señala la ley.
El siguiente paso será llamar a una nueva licitación de emergencia, mediante un modelo de copago.
