El Consejo de la Judicatura (CJ) declarará en emergencia a la función judicial.
Así lo anunció el presidente del organismo, Mario Godoy, durante una reunión sostenida con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.
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Delegados de ambas partes efectuaron un proceso de levantamiento técnico y diagnóstico integral.
Objetivos
El objetivo del encuentro fue identificar las necesidades más urgentes, que afectan el funcionamiento del sistema judicial.
Entre ellas destacan el déficit estructural de jueces, y la deficiente infraestructura física y tecnológica, que limitan la capacidad operativa de las unidades jurisdiccionales.
Godoy explicó en la reunión, que la emergencia se declararía en los primeros días de agosto, como parte de un plan de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, y con miras a acelerar procesos clave, para optimizar el funcionamiento del sistema de justicia en el país.
En este contexto, subrayó que una de las acciones más urgentes es la evaluación a los jueces, la cual no se ha ejecutado desde el año 2019.
Al respecto, informó que el equipo técnico del CJ ya ha elaborado un borrador de la metodología de evaluación, el mismo que será socializado de manera transparente, y sometido a aprobación del pleno institucional.
Ley de Integridad
Un apoyo a esta tarea, dijo, será la nueva Ley de Integridad Pública, que ya entró en vigencia, y que cuenta con su reglamento.
Esta normativa obligará a todos los funcionarios judiciales, incluyendo jueces y fiscales, a declarar sus patrimonios, para poder detectar cualquier irregularidad.
