Con esto concluyeron oficialmente las funciones de la anterior coordinación, que estuvo a cargo de los dirigentes, Marlon Santi Gualinga y Cecilia Velasque.
Churuchumbi, que goza del apoyo del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, estará en funciones por tres años: del 2023 al 2026.
De forma paralela a la decisión del Consejo, dirigentes y simpatizantes del ala de Iza de la Conaie y de PK, se concentraron en el parque El Arbolito, al centro norte de Quito, para participar de una ceremonia ancestral de purififación a Churuchumbi y otros miembros de la directiva y, de forma simbólica, le entregaron un bastón de mando.
El nuevo coordinador comentó que en los próximos meses habrá una convención nacional en la que evaluarán el destino, las alianzas políticas y otras acciones, en el marco de las elecciones generales del 2025 de asambleístas y presidente de la República.
Así también evaluarán, junto a las cinco asambleístas de PK, la línea política que tendrán en cuanto a los proyectos de ley de carácter económico urgente que proponga el primer mandatario, Daniel Noboa Azín.
Por su parte, Leonidas Iza expresó su respaldo para que la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar sea llamada a un juicio político en la Asamblea Nacional, que lo impulsa la bancada correísta de la Revolución Ciudadana (RC).
«Hemos mencionado que Diana Salazar debe ser llevada a juicio político», enfatizó Iza.
El ascenso de esta directiva en Pachakutik se consuma luego de siete meses de enfrentamientos entre sus dirigentes, que finalmente se resolvió en el Tribunal Contencioso Electoral.
En abril pasado, los adherentes de PK asistieron a un proceso electoral para definir a sus representantes entre la lista A que la encabezó Churuchumbi, la lista B, de Cecilia Velasque; y, la lista C, de Jorge Herrera, que se realizó en medio de disturbios en un coliseo en Puyo (Pastaza).
El Tribunal Electoral Nacional de PK suspendió las elecciones y Churuchumbi interpuso ante el TCE un recurso subjetivo contencioso por conflictos en organizaciones políticas.
La causa la tramitó el juez electoral, Guillermo Ortega, quien en su fallo ordenó que se repita el proceso eleccionario.
Fue así que el 9 de noviembre, sus adherentes fueron convocados a las urnas y el actual coordinador obtuvo más de 450 votos a su favor.
