Seviecu y Ecutransit, los dos consorcios que manejaban los polémicos contratos de radares de tránsito, no quieren soltar el negocio.
El Gobierno decidió cancelar muchos de estos equipos, tras detectar que su único objetivo era recaudatorio, en perjuicio de los conductores. Incluso por eso se los llamaba «radares vacunadores».
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Los radares, que significaban ingresos por millones de dólares, fueron establecidos bajo convenios con ciertos municipios, que asumieron la competencia del tránsito. Sin embargo, en algunos casos fueron instalados en cuestas y curvas, y se comprobó que la marcación de velocidad no era real.
Suspendidos los contratos
Por este motivo, y bajo órdenes del Gobierno, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) decidió suspender los contratos y clausurar los dispositivos.
Sin embargo, los consorcios Seviecu y Ecutransit plantearon un proceso de arbitraje. Algo que la CTE no acepta.
Originalmente, los contratos para la operación de radares fueron adjudicados en julio de 2023, y preveían la instalación de 232 equipos en todo el país, para control de velocidad y emisión de multas. Seviecu había instalado 3 radares, y Ecutransit 36.
Pedirían indemnización
Las empresas se defienden, y alegan que la CTE suspendió los contratos sin facultad alguna. Incluso analizan demandan una indemnización.
Además, señalan que los municipios con los cuales hicieron los acuerdos, todavía no les entregaba su parte de las multas.
Además, justifican el funcionamiento de los radares, por el alto número de accidentes de tránsito que ocurren en calles y carreteras del país, producto del exceso de velocidad.
