El movimiento CONSTRUYE hará todo lo necesario, para evitar que el correísmo cumpla su “agenda de impunidad”.
Así lo señaló el legislador de esa organización, Jorge Peñafiel, en diálogo con “Punto de Orden”.
Peñafiel advirtió que el verdadero objetivo, ya declarado, es concretar el enjuiciamiento político de la fiscal general, Diana Salazar, la única funcionaria que ha combatido la corrupción, como una venganza política y personal.
Aunque CONSTRUYE no tiene representación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, luchará con su voz para defender a Salazar, dijo.
Asimismo, el bloque propondrá en el pleno una enmienda constitucional, para permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos implicados en delitos graves, incluyendo pornografía infantil.
Adicionalmente, apuntó Peñafiel, en los primeros días de enero planteará una normativa, que iría junto a la Ley de Extinción de Dominio, también en análisis, que permita decomisar los bienes obtenidos mediante actos de corrupción.
Interpelación a Consejo de la Judicatura
Dentro de sus proyectos inmediatos, CONSTRUYE planteó la interpelación de los miembros del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y Xavier Muñoz, y de la ex vocal, Maribel Barreno. La iniciativa ya tiene el respaldo de varios bloques de la Asamblea.
Los citados funcionarios y ex funcionaria, son duramente cuestionados por su abierta persecución al juez Walter Macías, incluso “inventando” una mayoría de 2 votos entre 5; por la prórroga inconstitucional de 6 jueces, a quienes extendieron su periodo en 9 años; por las graves irregularidades detectadas en el concurso para elegir nuevos magistrados; y por la forma en que impiden la destitución de una jueza de Pichincha implicada en tráfico de influencias, a pesar de que existe una sentencia en su contra.
Peñafiel aspira que el respaldo a este juicio político se mantenga.
No a diferimiento de deuda con Banco Central
En otro ámbito, el legislador expresó el rechazo de su bancada al proyecto del presidente Noboa, que pretende diferir a 30 años el pago de la deuda que mantiene el Estado con el Banco Central.
Dicha deuda suma 8.000 millones de dólares, y fue adquirida durante el gobierno de Rafael Correa.
Peñafiel advirtió que no pagarle al Banco Central, podría causar una crisis de iliquidez muy grave, y además pondría en riesgo el sistema de dolarización.
Entrevista completa:
