La Contraloría General del Estado (CGE) implementó un nuevo requisito para acceder a la consulta de declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos.
Aunque la información sigue siendo pública, ahora quienes deseen revisarla deberán pasar por un proceso de validación de identidad del consultante, que incluye el registro de datos personales antes de visualizar el contenido.
El cambio consta en el Acuerdo No. 011-CG-2026, suscrito el 15 de abril de 2026 por el contralor, Mauricio Torres, y rige desde su firma. En la reforma se sustituye el artículo 14 del reglamento anterior y se establece que las declaraciones “serán visualizadas en el sitio web institucional mediante el proceso de validación de identidad del consultante”.
El consultante debe ingresar estos datos:
- Número de cédula
- Fecha de expedición del documento
- Correo electrónico
- Aceptar un aviso de privacidad para continuar con el proceso.
La reforma también precisa qué información podrá visualizarse una vez entregada esa información, dando por completado ese proceso.
El nuevo artículo 14 señala que el acceso comprenderá la identificación de la declaración, la identificación del declarante, los datos informativos de persona expuesta políticamente, los valores totales y el total del patrimonio.
Justificación de la medida
La Contraloría justifica esta modificación en dos frentes. Por un lado, cita disposiciones constitucionales y legales sobre protección de datos personales, así como principios de proporcionalidad, pertinencia, minimización y seguridad en el tratamiento de la información.
Por otro, señala que en los últimos días detectó un alto número de conexiones externas a la sección de consultas de declaraciones juramentadas, lo que habría provocado una degradación significativa en el rendimiento del servicio.
La entidad sostiene que era necesario fortalecer los mecanismos de consulta y acceso a la información pública para optimizar el rendimiento del sistema, asegurar su disponibilidad y prevenir afectaciones derivadas de ese comportamiento.
Además, el acuerdo menciona la necesidad de evitar la divulgación de datos específicos que puedan comprometer la seguridad o la intimidad personal o familiar del declarante.
Con esta reforma, el acceso queda ahora condicionado a la entrega previa de datos personales por parte del ciudadano que consulta.
