La Consulta Popular dispuesta por la Corte Constitucional, sobre la explotación petrolera en el bloque ITT, en el Parque Yasuní, fue un grave error.
Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el analista económico, Alberto Acosta Burneo, recordó que dicho bloque es el cuarto en importancia para el país.
De ahí que convocar a una consulta, 10 años después de iniciar las operaciones, es un precedente jurídico nefasto para el país, dijo.
Acosta advirtió que, con esta forma de pensar, mañana se puede pedir otra consulta para eliminar cualquier actividad económica de importancia. La camaronera, por ejemplo, amparándose en cualquier pretexto.
El analista explicó que, para iniciar la explotación en el bloque ITT, el Estado tuvo que 500.000 dólares por cada pozo. Y si triunfa el “Sí”, habría que gastar 450 millones de dólares en cerrarlos.
La producción en Yasuní, recordó el experto, genera 1.200 millones de dólares por año. Una cifra de la cual se alimentan los gobiernos seccionales para sus obras. Sin esos fondos, el país sufrirá un empobrecimiento significativo.
Acosta reconoció que es necesaria la protección ambiental, pero de forma responsable. En Estados Unidos, por ejemplo, a nadie se le ocurriría pedir el cierre del cuarto bloque petrolero más importante del país, sin motivos ecológicos válidos, y sin alternativas económicas.
También fustigó las declaraciones de la candidata presidencial, Luisa González, quien calificó al petróleo de Yasuní como “brea”, y le quitó importancia económica. Acosta aclaró que esa “brea” nos da 1.200 millones anuales, y ojalá tuviéramos más. Asimismo, recordó que las petroleras estadounidenses sacan crudo hasta de las rocas.
Retraso en contratos con telefonía móvil es irresponsable
En otro tema, Acosta Burneo mostró su alarma por la forma en que se llevan las negociaciones, para renegociar los contratos de concesión con las empresas de telefonía celular, Movistar y Claro.
El experto mostró su alarma por la suspensión de los diálogos, ya que los contratos actuales vencen en agosto y octubre, y todo apunta a que el actual gobierno prefiere dejar la decisión al próximo presidente.
A su criterio, el Estado debe minimizar sus rentas y más bien maximizar la inversión, tanto en redes como en cobertura, pues sin tecnología no hay avance.
Tanto así, agregó, que en Ecuador seguimos con sistema 4G, cuando en muchos otros países ya están en 6G.
La solución, estimó, es concesionar el radioespectro, que está en menos de la tercera parte, con lo cual se acelerará la transmisión de datos.
