El contralor del Estado, Mauricio Torres, presentó un balance oficial de su labor, al cumplir los primeros 100 días en funciones.
El reporte señala que, durante dicho lapso, aprobó 426 informes generales de auditoría, y remitió a la Fiscalía 62 informes con indicios de responsabilidad penal, para que inicie los trámites correspondientes.
En total estableció posibles perjuicios al Estado, por 46,6 millones de dólares.
Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital, y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.
También Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME, y en las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros organismos.
La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Juzgamiento y recaudación
Entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, la Contraloría también confirmó responsabilidades civiles y administrativas por 38 millones de dólares. Entre ellas consta la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre por más de 11 millones, derivado de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil.
El organismo de control también confirmó una glosa por casi 8 millones de dólares, por las falencias en la construcción del puente colgante sobre el rio Jatun Yaku (Tena). El constructor de la obra, contratada por la Empresa Pública Ecuador Estratégico, no amortizó el valor del anticipo, e incumplió sin justificación el cronograma del proyecto y sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no se le impusieron multas.
Con el fin de recuperar estos recursos para el fisco, la Contraloría implementó el procedimiento para la remisión de intereses, costas y gastos administrativos, de las responsabilidades civiles y administrativas confirmadas.
