La Contraloría General del Estado (CGE) determinó incumplimientos en las especificaciones técnicas y en la cantidad de kits de detección molecular que entregó el proveedor, ocasionando un perjuicio al Estado por USD 2.5 millones. Así lo informó la institiución en un comunicado de prensa.
La responsabilidad civil se fundamenta en las conclusiones del examen especial en el cual se analizó la adquisición de bienes e insumos, a través del contrato por régimen de emergencia SS-EE-COVID19-2020-001 y a los convenios suscritos con las entidades encargadas de realizar el análisis y procesamiento de las muestras para la determinación molecular de covid-19 por PCR-Polimerasa.
Resoluciones del informe
La resolución confirmatoria, suscrita el 19 de mayo de 2022, señala que el contratista entregó reactivos que no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado por el monto de la glosa.
En el desarrollo del examen especial que derivó en la responsabilidad civil, el equipo de auditores solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular, del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín. El documento señala que la alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR (reacción en cadena de la polimerasa), sino tipo LAMP, advirtiendo que esta técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99 % al 100 %, característica estipulada contractualmente.
Previo a la recepción de los kits, no se solicitó a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) el análisis de control de calidad, procedimiento necesario ante la falta de perfil profesional o experticia en temas de biología molecular de los servidores de la Secretaría de Salud.
Durante la acción de control se identificó que en julio de 2020 se suscribió, sin sustento técnico ni legal, el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88.500 kits, de los 100.000 contratados.
Recursos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las personas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de su derecho a la defensa.
Fuente: El Comercio
