La responsabilidad civil recae en el director general y el coordinador de asesoría jurídica del Registro Civil, que laboraron entre 2019 y 2020.
Aunque su solicitud se formuló dentro de los parámetros del proceso de contratación, el Registro Civil negó el pedido del proveedor y lo calificó como adjudicatario fallido.
La decisión se tomó luego de acoger un criterio jurídico que negó la prórroga para la suscripción del contrato, pese a que la propuesta de ese proveedor era económica y técnicamente más favorable para la entidad.
Auditoría concluyó que, si el Registro Civil hubiera aceptado la primera oferta, el contrato se habría suscrito a menor costo, optimizando los recursos públicos. La resolución de la responsabilidad civil se desprende del examen especial efectuado a la adquisición e implementación del sistema informático para la emisión de cédulas y pasaportes electrónicos y la provisión de equipamiento, suscripciones, licencias de software, insumos y servicios conexos, realizada por el Registro Civil, entre 2018 y 2020.
De conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría, los auditados tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante el organismo de control o, en sede judicial, en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Fuente: El Universo
