El más reciente censo de población y vivienda, ejecutado en el 2022, no convence a la Contraloría General del Estado.
La institución detectó graves deficiencias en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), encargado del trabajo.
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Las irregularidades corresponden a los sistemas informáticos, tanto en la recolección de datos, como en la metodología de sistematización y en la validación de la información.
Cientos de miles de errores
Y no son pocos errores. La Contraloría determinó que son más de 759.000, por falta de reglas de validación.
En el caso de las personas consideradas cabezas de hogar, existen 47.143 que señalaron eso en el censo, pero no constan como tales en las bases de datos del INEC.
Adicionalmente, la información de otras 166.082 está incompleta, 71.412 se encontraron repetidas en otras viviendas, y se redujo el número de afrodescendientes.
La auditoría estableció que 11.000 entrevistas duraron menos del tiempo estimado, y no permitió recabar datos con coherencia, completitud, oportunidad y criterios de calidad, credibilidad y transparencia.
La Contraloría estableció responsabilidad administrativa para el director del INEC y su comité técnico.
