Desde que asumió sus funciones, el contralor del Estado, Mauricio Torres, ha establecido decenas de responsabilidades penales.
Las anomalías fueron detectadas en declaraciones juramentadas de oficiales de Fuerzas Armadas y servidores públicos, incluyendo al ex presidente de la República, Guillermo Lasso.
En total se fijaron 32 informes con indicios de responsabilidad penal, por cerca de 40 millones de dólares.
Además, existen cerca de 240 responsabilidades administrativas y civiles, por un monto aproximado de 20 millones de dólares.
Debido a que estos casos se encuentran en investigación, se los considera reservados. Sin embargo, algunas de estas indagaciones podrían tener relación con el “Caso Metástasis”.
A pedido de la Fiscalía General, la Contraloría solicitará exámenes a declaraciones juramentadas de todos los implicados.
La Contraloría cuenta con 2.900 funcionarios, con los cuales auditan a 3.400 entidades.
Proyecto anticorrupción
Como parte de su gestión, la Contraloría, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), alista un proyecto de ley anticorrupción, que será enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento.
La iniciativa incluirá cambios en las auditorías gubernamentales, a fin de que se conviertan en evidencias que puedan ser usadas por la Fiscalía.
