El análisis se refirió a la compra de trolebuses eléctricos (Foto: Municipio de Quito)
La Contraloría General del Estado aprobó un informe de auditoría, que detectó graves irregularidades cometidas por el Municipio de Quito, y en especial por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (EPMTPQ).
Las anomalías tienen que ver con la adquisición de trolebuses articulados, 100% eléctricos, como parte del proyecto “Movilidad Sostenible”, que el Cabildo mantiene con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
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Los indicios penales superan los 2,5 millones de dólares.
Los hallazgos
El estudio, que comprende el periodo entre el 1 de agosto del 2022 y el 30 de abril de 2025, establece algunas irregularidades.

Los trolebuses fueron adquiridos sin acatar recomendaciones del SERCOP, ni condiciones del proyecto de inversión, omitiendo los procedimientos de contratación pública
La compra no se efectuó mediante un proceso de subasta inversa, ya que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, suscribió el Memorando de Entendimiento con la UNOPS, que presentó una propuesta sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión.
A pesar de ello, el Directorio de la EPMTPQ no solicitó al Gerente General las aclaraciones, ampliaciones o informes que permitan adoptar decisiones. Tampoco efectuó el seguimiento ni evaluación del Plan Operativo Anual aprobado.
Estas actuaciones ocasionaron un perjuicio de 2’552.307,83 dólares, correspondiente a los pagos realizados a la UNOPS por concepto de costos de implementación e indirectos, omitiendo los procedimientos de contratación pública.
Trolebuses eléctricos no cumplen especificaciones técnicas
Los trolebuses eléctricos adquiridos en el marco del Memorándum de Acuerdo suscrito con la UNOPS, no cumplieron 15 de las 80 especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
El Gerente Técnico, el Coordinador de Mantenimiento de la Flota, Encargado y los Especialistas, aprobaron el diseño del prototipo del trolebús eléctrico sin considerar tales detalles, y sin un análisis técnico que justifique su incumplimiento.
Con justificación en los hallazgos identificados por el equipo de auditoría, además de la mencionada glosa civil, hay una administrativa por casi 80.000 dólares.
Además, se determinaron indicios de responsabilidad penal, que serán remitidos a la Fiscalía para el trámite pertinente.

