La Contraloría General del Estado identificó irregularidades en los patrimonios de jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Los hallazgos provienen de 110 informes de exámenes especiales aprobados desde el 29 de noviembre de 2023.
Según explicó el contralor Mauricio Torres ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, 59 de esos informes presentan indicios de responsabilidad penal. Esto se debe a diferencias injustificadas entre los bienes declarados y los ingresos registrados por los servidores públicos.
Nuevas auditorías en marcha
Además de los informes ya aprobados, la Contraloría ejecuta actualmente 60 acciones de control adicionales. También anunció que en el segundo semestre de 2025 se iniciarán 7 nuevos exámenes patrimoniales en distintas instituciones del sistema judicial.
Consejo de la Judicatura: foco principal de auditorías
Uno de los entes más auditados ha sido el Consejo de la Judicatura. Se realizaron 108 auditorías, que resultaron en 57 informes con indicios penales.
Actualmente, 36 auditorías están en ejecución y 6 más están por comenzar. Las investigaciones se concentran en provincias como Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Fiscalía también bajo revisión
En la Fiscalía General del Estado se aprobaron dos informes con indicios penales. Además, hay 24 auditorías en curso y una más por iniciarse.
Estas acciones se desarrollan en Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe, al igual que en otras entidades judiciales.
Otras funciones del Estado también fueron auditadas
El contralor Torres informó que, desde el inicio de su gestión en noviembre de 2023, se han aprobado 134 informes sobre patrimonios de servidores públicos fuera del sistema judicial.
También se están ejecutando 161 auditorías adicionales y 16 más están planificadas para el resto del año.
Entre los investigados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, altos mandos militares y policiales, personal del Gobierno Central, gobiernos locales, empresas públicas estratégicas e incluso funcionarios de la propia Contraloría.
Un esfuerzo por mayor transparencia
La Contraloría subraya que estos exámenes buscan fortalecer el control institucional y combatir el enriquecimiento ilícito. Las acciones seguirán ampliándose a todas las ramas del poder público.
