La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil por 3,3 millones de dólares, contra un ex prefecto de Imbabura, tres funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo, que participaron en los procesos de contratación, efectuados entre julio de 2012 y diciembre de 2018.
Se refiere al proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi.
El equipo de control advirtió que, durante el periodo de prueba, el contratista dio mantenimiento rutinario a la vía, pero no intervino la carpeta asfáltica y no reparó los daños en la estructura, como baches, hundimientos, grietas, fisuras longitudinales y tramos colapsados, que ponían en riesgo el tránsito vehicular.
La Contraloría determinó que el gobierno provincial realizó pagos, por rubros mal ejecutados, lo cual significa responsabilidad civil.
Además, el prefecto, en su periodo de actuación, no dispuso que se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera, y garantizar así su operación.
El informe señala que el director general de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato, no supervisaron las acciones de la constructora, ni comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos, para que se tomen decisiones oportunas que aseguren la reparación y mantenimiento de la carretera.
Asimismo, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa, no verificó que las capas de la estructura del pavimento, cumplan los espesores determinados en las especificaciones técnicas, ni exigió a la constructora la ejecución de rubros contractuales, como muros de gaviones, hormigones y drenajes, aspectos necesarios para la conservación y buen funcionamiento de la vía.
A pesar de los incumplimientos, el administrador de ese contrato gestionó los desembolsos en favor de la fiscalizadora.
Producto del análisis del mismo examen especial, el organismo de control también confirmó otra glosa por 1,3 millones de dólares, para el fiscalizador de la Prefectura, designado para la liquidación de los contratos principal y complementario de obra.
