La Contraloría General del Estado aprobó el informe DNA5-GAD-0002-2026 sobre la contratación de un gestor privado para operar radares de tránsito en Pedernales, provincia de Manabí.
La auditoría revisó las operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2025.
El informe señala que el Municipio de Pedernales y la Comisión de Tránsito del Ecuador firmaron convenios sin sustento legal. Tampoco cumplieron con las competencias definidas por el Consejo Nacional de Competencias.
Estos acuerdos también incumplieron la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Contraloría estableció que el Municipio de Pedernales operaba bajo el Modelo de Gestión B. Esta condición no le permitía controlar el tránsito con radares ni recaudar multas.
La Comisión de Tránsito del Ecuador mantiene esa atribución.
La auditoría concluyó que la CTE dejó de percibir USD 189.641,24, monto transferido al Municipio de Pedernales. Además, el Consorcio COSEPE recibió pagos por USD 250.108,61.
Las autoridades también detectaron 4 572 infracciones captadas por radares que no fueron regularizadas.
El informe indica que el presupuesto referencial de USD 2,3 millones, el plazo contractual de 12 años y la participación del 49 % del gestor privado carecieron de análisis técnicos, económicos y de mercado.
La Contraloría también observó que la oferta adjudicada no cumplió los requisitos de experiencia del personal financiero ni evidenció una convocatoria pública.
El organismo de control sugirió sanciones administrativas por USD 38.800. Además, estableció responsabilidades civiles por USD 439.749,85.
La Contraloría remitirá los indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía para el trámite correspondiente.
