Un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado, estableció anomalías en el proceso de contratación del voto telemático de los migrantes, para la primera vuelta electoral de las elecciones del 2023.
Incluso hay denuncias de falsificación de cotizaciones.
Pese a lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), muchos compatriotas residentes en el exterior no pudieron sufragar, supuestamente por problemas en las conexiones. Las fallas obligaron a montar juntas en la segunda vuelta, con muy baja afluencia de personas.
De acuerdo al reporte del equipo de auditoría, no hubo un análisis de la capacidad operativa y de la infraestructura tecnológica disponible, ni de los servicios de almacenamiento en la nube que el CNE necesitaba.
Tampoco se tomaron en cuenta el número de electores de cada circunscripción del exterior, la arquitectura tecnológica y las seguridades necesarias, para garantizar la disponibilidad del sistema y la integridad de la información.
En los términos de referencia definitivos, el CNE solicitó a los oferentes que acrediten su trayectoria en ámbitos sociales y de acompañamiento, pero sin especificar el alcance de estos servicios, y su relación directa con el objeto del contrato.
El organismo no exigió conocimientos en la implementación de plataformas tecnológicas para la votación telemática, bases de datos y redes de comunicación, lo cual limitó la participación de proveedores especializados.
El presupuesto referencial, a cargo del CNE, no tomó en cuenta un estudio de mercado, sino que se utilizaron cotizaciones de 3 empresas. Una de ellas se dedicaba a otras actividades, ajenas al ámbito electoral e informático; otra era proveedora de la primera; y la tercera se dedicaba a la venta al por mayor de material de papelería. Por si fuera poco, su representante legal afirmó que ellos nunca enviaron proforma, lo que implica que falsificaron su documentación.
