Los funcionarios deberán responder por estas graves irregularidades (Foto: Contraloría General)
La Contraloría General del Estado ratificó responsabilidades civiles por 11,6 millones de dólares, contra 68 servidores de 13 hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Esta determinación se sustentó en un examen especial, realizado por el organismo de control en el 2023, que analizó contratos para adquisiciones de dispositivos médicos y medicamentos para personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
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El hallazgo
El período auditado comprendió entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre del 2022.
Los hallazgos establecidos en el informe, destacan diferencias en las cantidades de medicamentos recibidos por los pacientes, y los existentes en las bodegas general y de farmacia de los hospitales del MSP.
No se mantuvo un control riguroso de los ingresos y egresos en las mencionadas bodegas, sin verificar la distribución, destino y uso de fármacos, que ascendería a más de 11 millones de dólares.
Por estos hallazgos, y luego de cumplirse con el debido proceso en las áreas de juzgamiento, ratificó las responsabilidades civiles para los servidores públicos de los hospitales: Eugenio Espejo, Baca Ortiz, Pediátrico Francisco Icaza Bustamante, Gilbert Pontón, General Isidro Ayora, Vicente Corral Moscoso, General Alfredo Noboa Montenegro, General Rodríguez Zambrano, General Napoleón Dávila Córdova, General Dr. Gustavo Domínguez Zambrano, General Docente de Ambato, General San Vicente de Paúl y General Esmeraldas Sur Delfina Torres de Concha.
El informe de auditoría también precisa que se adquirieron 100 unidades de Rituximab líquido parental, por emergencia, sin cumplir con las causales legales. De igual manera, el medicamento Trastuzumab, destinado a pacientes con cáncer de mama, fue entregado fuera del plazo contractual, poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Asimismo, no se verificó que los bienes cumplieran con las especificaciones técnicas en su recepción, lo que impidió el cobro de multas, y permitió el almacenamiento de dispositivos médicos caducados o adulterados. Esto afectó el acceso de pacientes con VIH a pruebas de hepatitis B, y provocó el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes con hemofilia.
Tras la terminación unilateral de uno de los contratos, no se registró al proveedor como contratista incumplido ante el SERCOP, no se ejecutaron garantías de fiel cumplimiento, ni se presentó la denuncia ante la Fiscalía por medicamentos adulterados.
