El Universo .- El organismo notificó al perito Roberto Meza, quien analiza acciones para impugnar esta sanción. También se notificó a Jéssica Jaramillo.
Según el organismo, el informe final (o tercer producto) en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del perito y ocasionó un perjuicio a la institución.
Al conocer de esta resolución, Roberto Meza insistió en que en el 2018 este tema había sido cerrado, pues presentó los descargos pertinentes en su defensa en este examen especial.
El perito vive en Brasil, por lo que encargó a su abogado en Ecuador para que responda a la Contraloría. «Todo se cumplió en tiempo y forma. Lo que hicieron con el informe (pericial) en el 2013, una vez que se entregó, no es nuestra responsabilidad, nuestra consultoría se realizó y cumplimos», expresó Meza.
El experto ha señalado que lo que se informó en el gobierno de Rafael Correa no correspondía a su investigación y que al documento se le hicieron cambios.
Por su parte, Jéssica Jaramillo, exfuncionaria del Ministerio de Justicia y que administró el contrato, aseguró en junio pasado: El 30 de abril de 2019, la Contraloría notificó la «no confirmación de responsabilidad administrativa en el marco de los exámenes realizados por dicha entidad de control, en consecuencia, no tengo ninguna sanción en mi contra».
Como parte de la investigación del crimen de Gabela, Meza reconstruyó el denominado tercer producto por disposición de la Corte Constitucional (CC) al tramitar una acción extraordinaria de protección que impulsó Patricia Ochoa con la Defensoría del Pueblo.
El informe se entregó en julio pasado y se ordenó su reconstrucción porque los mismos jueces observaron que el documento «constaba de 95 fojas, pero no contiene las sumillas en cada página (como) en el primer y segundo producto, solo poseen un visto en la orilla inferior de cada hoja. La última página del producto en la que se encuentran las conclusiones no contiene la firma del perito Roberto Meza, ni tampoco el sello».
También notaron inconsistencias como que, pese a que el «segundo producto concluyó que el crimen se trató de delincuencia organizada y que fue lo que dio paso al tercer producto, el extinto comité cotejó: “[n]o se han encontrado elementos de convicción (material, documental y testimonial) que permitan derivar la investigación hacia otra figura diferente al delito común». (sic)
Ordenó a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría que inicien con las acciones legales e investiguen a los exservidores por un posible mal manejo de la información pública de este Comité.
La Contraloría informó a la Corte que en el 2016 se hizo un examen especial a la contratación y ejecución del contrato que hizo el Ministerio de Justicia para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del general Jorge Gabela Bueno.
Un segundo examen se había hecho en el 2019 a la gestión documental del Ministerio con relación al manejo de la documentación del Comité Interinstitucional integrado para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa en torno a la muerte de Gabela y de los productos del contrato entre Roberto Meza y esa cartera de Estado.
De ello, identificó siete ‘sujetos de responsabilidad’. Entre ellos, el exministro de Justicia del gobierno de Correa Lenin Lara Rivadeneira.
