El gobierno anunció que, dentro de dos semanas, comenzará en la provincia de Santa Elena la construcción de una de las dos nuevas “megacárceles”, ofrecidas por el presidente Daniel Noboa como parte del “Plan Fénix”.
La otra prisión estará situada en la región amazónica.
En el caso de la primera, existen problemas y controversias en torno a la propiedad de los terrenos, así como adjudicaciones irregulares, que pondrían en peligro todo el proyecto.
Inicialmente la obra contemplaría 300 hectáreas. Sin embargo, hasta ahora solo están aseguradas 37.
Los predios, supuestamente, pertenecían al Ministerio de Agricultura, que los cedió al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Se trata de terrenos revertidos al Estado, tras una hipoteca impaga al Banco del Azuay. Cuando esta entidad quebró, sus propiedades pasaron al Banco Central y luego al MAG.
Sin embargo, comuneros de la zona de Chanduy y de Simón Bolívar reclaman dichos predios, en base a un asentamiento histórico. De acuerdo a la ley, las comunas ancestrales son propiedad inembargable, indivisible e inalienable, y como prueba esgrimen antiguas escrituras.
Los registros establecen que varias áreas de la futura prisión, a través de los años pasaron por varios dueños. Sin embargo, algunos no pudieron o no quisieron inscribirlas, y como resultado no hay una definición clara.
Más allá del conflicto, el Estado mantiene su decisión de edificar la cárcel, pese a los reclamos.
