La Corte Constitucional aún analiza la constitucionalidad de ocho preguntas de enmienda que propone Guillermo Lasso. Hay nueve ‘amicus curiae’ presentados.
Con la propuesta de enmienda a la Constitución de la pregunta 6 se busca modificar el mecanismo para seleccionar a las principales autoridades de control del Estado, pero también cambiar la forma de conformar el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para que sea la Fiscalía General la “autoridad nominadora” de los siete consejeros.
Han transcurrido 20 días en los que la iniciativa de referéndum de ocho preguntas para enmendar la carta política que planteó el presidente de la República, Guillermo Lasso, está en manos de los jueces de la Corte Constitucional (CC) para que emita un dictamen previo de constitucionalidad, tanto en la definición de la vía que se requiere para efectuarla como en la revisión de que los considerandos y anexos no alteren derechos y garantías.
Hasta el despacho de la jueza ponente de la CC, Alejandra Cárdenas, han llegado, varios amicus curiae que exponen reparos a la propuesta presidencial; entre estos están los de asambleístas de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) y de militantes del movimiento Revolución Ciudadana, como el exlegislador Fausto Jarrín y el parlamentario andino Virgilio Hernández, abogados en libre ejercicio y profesionales.
En el caso de la pregunta 6, se sugiere eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, “e implementar procesos de meritocracia, escrutinio público y colaboración de otras instituciones para que sea la Asamblea Nacional la que designe a las autoridades y (también) a los siete consejeros”.
La Constitución establece que la Fiscalía tiene como atribución la de dirigir de oficio y a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal en la comisión de delitos. No obstante, en ningún inciso del artículo 195 se le da la atribución de intervenir en la designación de autoridades.
El planteamiento es que la Fiscalía sea la “autoridad nominadora” y elabore una lista de 18 candidatos con la siguiente procedencia: seis de la misma Fiscalía, seis de la Presidencia de la República y seis de la Defensoría del Pueblo.
La justificación para que sean estos los organismos proponentes es que el Consejo conservaría dos facultades: la lucha contra la corrupción, para lo cual investiga y actúa como parte procesal, y la promoción de la participación ciudadana y control social.
Además, que deben ser 18 nombres (de fuera de las tres instituciones), porque habría que elegir catorce vocales en total: siete principales y siete suplentes.
La Presidencia, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía enviarían sus propuestas de candidatos a la misma Fiscalía, en un plazo máximo de diez días, para que efectúe un proceso de admisibilidad y revisión de los méritos.
Sería una comisión técnica, integrada por quien ejerce las funciones de fiscal general, la que se encargue de evaluar a los postulantes. No obstante, ni esa comisión técnica ni la Asamblea Nacional podrá alterar ni revisar en ninguna etapa el orden de ubicación en el que estén propuestos los 18 nombres.
Esta designación se ejecutaría en un plazo de 60 días, que se contabilizarán de forma retroactiva, es decir, antes de que culmine el periodo de cuatro años para el cual son electos los consejeros.
Para seleccionarlos, el Legislativo deberá reunir el voto de la mayoría simple de legisladores, que implica la mitad más uno de los miembros presentes en la sesión; y podrá objetarlos con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los asambleístas que conforman el pleno.
La teoría del Ejecutivo es que, si se llega a aprobar quitarle esta atribución de elegir autoridades al CPCCS, “perdería el fundamento” de elegirlos por voto popular, por lo que propone que sean electos por designación.
Este organismo se creó con la Constitución del 2008 y se le dieron once atribuciones, entre ellas la designación de autoridades de control; luchar contra la corrupción a través del conocimiento y posterior trámite de denuncias de hechos irregulares, que debe trasladarlos a la Fiscalía; promover la participación ciudadana; regular y controlar la rendición de cuentas de todas las entidades del Estado.
Esta idea que nació del entonces Gobierno de Rafael Correa formuló como mecanismo de elección un proceso de concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que lo realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De esta manera, se conformaron dos plenos entre el 2010 y el 2018. El primero, del periodo 2010-2015, lo integraron Marcela Miranda, Fernando Cedeño, David Rosero, Mónica Banegas, Luis Pachala, Tatiana Ordeñana y Andrea Rivera.
El segundo, para el periodo 2015-2020, tuvo a Raquel González, Edwin Jarrín, Doris Gallardo, Tito Astudillo, Tania Pauker, Xavier Burbano y Juan Peña.
Este sistema se mantuvo hasta el 2018, cuando con el cambio de Administración a la del expresidente Lenín Moreno se impulsó un referéndum que enmendó la Constitución para que las siete autoridades sean elegidas por voto popular.
Con ello, en las elecciones seccionales del 2019, de entre 43 candidatos calificados, el CNE definió a los catorce más votados: siete principales y siete suplentes.
Pero esto no trajo estabilidad al organismo. Al contrario, el primer pleno elegido por el voto ciudadano lo conformaron José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez, Christian Cruz, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Victoria Desintonio; y en julio del 2019 se observó el primer desgrane, cuando cuatro de ellos fueron censurados y destituidos por un juicio político: Tuárez, Chalá, Gómez y Desintonio.
Los reemplazaron David Rosero, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos, que fueron electos suplentes.
Meses después, Christian Cruz, que reemplazó en la presidencia a Tuárez, también fue censurado y destituido en el trámite de un juicio político y lo reemplazó Hernán Ulloa, quien es hoy presidente.
En la coyuntura, otro juicio político está en camino y en contra de los siete vocales, en el contexto de la designación del titular de la Contraloría General del Estado.
La Administración de Lasso cree que elegirlos en un proceso electoral evidenció el “interés político” detrás del CPCCS por su competencia de elegir a las cabezas de entidades de control, lo que lo convierte en un órgano “inestable” y un riesgo para la institucionalidad del país.
Si esta pregunta es calificada de forma positiva por la CC y aprobada por la ciudadanía, el Consejo de Participación Ciudadana se quedará para promover e incentivar la participación ciudadana e impulsar mecanismos de control social en asuntos de interés público.
Los datos oficiales señalan que, desde el 2010 y hasta la actualidad, el Estado ha destinado $ 142 millones para su funcionamiento, de los que el 0,00 % se ha ocupado en lucha contra la corrupción y el 0,29 % en su facultad de promoción de la participación ciudadana. El 96,94 % se ha ocupado en lo administrativo.
En el ámbito de la lucha contra la corrupción, en el 2021 gestionó 1.077 denuncias que llegaron a su seno, de las que 31 fueron admitidas porque son de competencia del Consejo; otras 429 se derivaron a instituciones o empresas públicas y 617 fueron archivadas.
La Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción del Consejo es la encargada de atender esta atribución; en el 2021 habría elaborado 21 informes de investigación sobre hechos irregulares para conocimiento y resolución del pleno.
Críticas a la propuesta desde la sociedad civil
El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cuestiona la pregunta 6 del referéndum, pues observa que los consejeros suplentes provendrían de una lista de 18 personas, lo que “prácticamente asegurará que entren al cargo”.
“La autoridad nominadora del Consejo sería la Fiscalía, que además sería la autoridad nominadora de los candidatos de las otras dos instituciones: el presidente, el defensor del Pueblo y la misma Fiscalía. Es una barbaridad lo que se está proponiendo, no tiene ni pies ni cabeza, y estamos nuevamente frente a una novelería, que si esa novelería hubiera sido presentada por Rafael Correa, teniendo a Galo Chiriboga (exfiscal) en la Fiscalía, estaríamos todos poniendo el grito en el cielo. Lo que se está proponiendo es un híbrido, un shampoo”, cuestionó.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, recordó que su colectivo ha planteado por más de seis años que el CPCCS desaparezca definitivamente de la estructura institucional.
“El problema no es que se le dé más o menos funciones; el hecho es que no debe existir. Siempre fuimos contrarios a la existencia del Consejo, porque estatiza la sociedad civil”, indicó Rodas, quien anunció que en los siguientes días anunciarán su postura frente a la propuesta de enmienda constitucional
Fuente: El Universo
