La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción pública de inconstitucionalidad presentada por Contecon Guayaquil S.A., concesionaria del Puerto Marítimo de Guayaquil, en contra de artículos de la Ley General de Puertos y de su Reglamento General, vigentes desde 1976 y 2000, respectivamente.
Contecon demandó la inconstitucionalidad del régimen portuario vigente en Ecuador a través de una acción pública, tras la pérdida de dos navieras y una caída sin precedentes de carga en 2024, que la empresa le atribuye a “competencia desleal” y a los “menores costos regulatorios” de las terminales privadas.
La concesionaria argumenta que las normas impugnadas vulneran la Constitución, al permitir una delegación ordinaria y no excepcional de los servicios públicos portuarios hacia empresas privadas, habilitadas a través de autorizaciones administrativas.
También apunta a una presunta vulneración del principio de supremacía constitucional, pues el sistema portuario se rige con una ley de 1976 cuando la actual Constitución es del 2008, por lo que la operadora viene solicitando una actualización urgente del marco legal.
La Corte dispuso correr traslado de la demanda a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República y a la Procuraduría General del Estado, quienes disponen de 15 días para presentar sus argumentos en defensa o impugnación de la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Además, solicitó a la Asamblea y al Ejecutivo remitir los expedientes legislativos y documentos técnicos que sustentaron la aprobación de las normas demandadas.
Una pugna legal con los puertos privados
Según Contecon, las disposiciones actuales alteran el régimen constitucional de excepcionalidad previsto para la iniciativa privada en la prestación de servicios públicos, al establecer un presunto modelo portuario de “delegación preferente al sector privado”, según los argumentos que recoge la resolución.
Por su parte, la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (Asotep) calificó en su momento la demanda como judicialmente improcedente, infundada, arbitraria y peligrosa para la economía nacional, sostiene que la acción de Contecon buscaría eliminar la libre competencia garantizada en el sector portuario.
