Para el constitucionalista Salín Zaidán, no hay vueltas que darle: la Corte Constitucional (CC) debe destituir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera.
Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el jurista advirtió que Vera irrespetó el fallo de la CC, el cual prohibía expresamente evaluar su actual conformación establecida por el CPCCS transitorio, que presidió Julio César Trujillo.
Solo resta establecer, dijo, quiénes dentro del Consejo apoyaron la acción del presidente, para que corran suerte similar.
Zaidán recordó que el fallo del juez de Montecristi, ordenando crear “veedurías ciudadanas” para calificar a los actuales jueces constitucionales, violó un dictamen que estaba en vigencia.
La ley establece que la CC, en casos como este, tiene la potestad de sancionar a los funcionarios que irrespeten sentencias.
En el caso del juez de Manabí, precisó el jurista, su futuro no depende de la CC. De acuerdo a la ley, su actuación debe ser calificada como “error inexcusable” y pasar a manos del Consejo de la Judicatura, organismo que establecerá la posible sanción.
Asimismo, las denuncias sobre posibles adulteraciones de documentos dentro del CPCCS, tal como lo denunció la consejera Mischel Calvache, deben pasar a manos de la Fiscalía, porque son temas separados. Según Calvache, las actas enviadas por Vera no contienen los temas tratados por el pleno, lo cual sería un delito.
Finalmente, Zaidán exhortó a transparentar el concurso que se realiza, para la elección del nuevo contralor general del Estado.
Guido Escobar, uno los candidatos, denunció que, pese a ser el mejor puntuado, súbitamente bajó varios puestos, a fin de favorecer a aspirantes vinculados a cierto sector político. Una acción de protección ordenó entonces detener el proceso y volverlo a cero.
El jurista reconoció que se trata de un cargo muy apetecido, y por tanto, el concurso requiere una vigilancia estricta.
