Más voces se levantan contra la lentitud que muestra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para concluir el concurso de nuevo contralor del Estado.
Consultado por los micrófonos de “Punto de Orden”, el jurista Xavier Palacios advirtió que dicho organismo no proclama los resultados, porque evidentemente no favorecen a los intereses de la línea política que defiende.
De ahí que sus vocales de mayoría se empecinen, dijo, en tratar de regresar el proceso a las primeras instancias, toda vez que sus “favoritos” no obtuvieron un buen puntaje en la prueba escrita, luego que fuera evidente la “mano negra” para favorecerlos en la calificación de carpetas, con puntuaciones totalmente arbitrarias.
Para Palacios, estos son actos “direccionados” a favor de ciertos candidatos. Una razón más para que la Corte Constitucional destituya a los consejeros de minoría, o al menos al presidente del CPCCS, Alembert Vera.
El jurista consideró lamentable lo que pasa en dicho organismo, donde un secretario, sin tener atribuciones para ello, pide suspender la proclamación de resultados, y nadie protesta.
Esto solo confirma que la actual directiva se dedica exclusivamente al proselitismo, y que tuvo el atrevimiento de irse contra la propia Corte Constitucional, con el supuesto argumento de la “veeduría ciudadana”.
A su criterio, el CPCCS no funciona, pues sus actores solo quieren quebrantar la ley. Y como saben que pronto perderán sus cargos, tratan a toda prisa de concluir, pero a su manera, el concurso de contralor.
Palacios estimó esta actuación como inentendible y vergonzosa, y que mientras tarde la Corte Constitucional en destituir a los vocales, más se burlarán del país. Al extremo de que el abogado de Vera, con grandes ínfulas, advierte y amenaza de que a su cliente no pueden removerlo.
El constitucionalista también exhortó a intervenir en la gestión del Consejo de la Judicatura, otro organismo dedicado a labores políticas, y no a sus fines judiciales.
Como ejemplo puso el caso de una jueza, que fue destituida solo después de 25 denuncias graves. Mientras a otro juez, por el simple hecho de procesar a los vocales del CJ por tráfico de influencias, lo removieron de forma irregular, aunque solo por poco tiempo.
La Corte también debería pronunciarse –anotó- sobre la resolución de la Judicatura sobre la prórroga de varios jueces, una acción ilegal e inconsulta, que demuestra conflicto de intereses y cobro de favores.
