Naufragó el modelo de Judicaturas de Garantías Constitucionales, implementado por el Consejo de la Judicatura (CJ) a través de una resolución.
La Corte Constitucional lo declaró inconstitucional, y ordenó que el CJ analice y emite un nuevo esquema.
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En su dictamen, la CC consideró que el esquema “vulnera el derecho de acceso efectivo a la justicia”.
“Barreras a la justicia”
Para dicho organismo, la concentración de competencias en unidades y salas distritales, que deberían operar en un número limitado de ciudades, genera barreras geográficas y económicas para los ciudadanos que necesitan acudir a la justicia constitucional, especialmente en casos como medidas cautelares o hábeas corpus.
La CC consideró que, de implementarse este sistema, obligaría a las personas a trasladarse grandes distancias, incurriendo en altos costos y retrasos en procesos urgentes.
La propuesta buscaba instalar judicaturas de primera instancia en 6 cantones, y tribunales de segunda instancia en 5 provincias. Una decisión que la corte cuestiona, por carecer de motivación técnica y metodológica suficiente.
Para la CC, es incompatible un modelo distrital, propio de la justicia ordinaria, con las particularidades de la justicia constitucional, que es mucho más urgente.
El dictamen ordena analizar y corregir la decisión.
