La Corte Constitucional (CC) le debe mucho al país.
Así lo señaló el reconocido jurista, André Santos, en diálogo con “Punto de Orden”.
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Su pronunciamiento es lapidario: los actuales jueces operan a favor del narcoterrorismo.
Favorece a delincuentes
Para Santos, la mejor prueba de ello es la suspensión de ciertos artículos de las recientes leyes urgentes, enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional. Leyes que, precisamente, estaban destinadas a combatir a las bandas criminales.
Una de estas normativas permitía sancionar a los integrantes de las organizaciones terroristas. Pero al ser suspendida, gracias a la CC, permitirá la liberación de muchos peligrosos antisociales.
Lo mismo puede decirse de la declaración de inconstitucionalidad del artículo del Código Penal, con lo cual se otorgarán medidas sustitutivas a los delincuentes reincidentes. Algo inaceptable en pleno conflicto armado interno.
Control es necesario
A su criterio, esta actuación de la CC amerita una reforma, que permita un control político y jurídico.
De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar la situación, consideró válido eliminar esta inmunidad de los jueces constitucionales, siempre y cuando tengan el legítimo derecho a la defensa.
El jurista advirtió que el único papel de los actuales magistrados, es defender la Constitución de Montecristi, llegando a abusos y violaciones legales.
Como ejemplo citó el caso del exjuez Ramiro Ávila, quien en libre ejercicio fue patrocinador del matrimonio homosexual y, ya en funciones, dictó un fallo que favoreció a sus clientes.
Pese a que entonces fue recusado por su evidente conflicto de intereses, en la CC existe un “espíritu de cuerpo”, y no fue aceptado el reclamo.
Lo mismo con la exjueza Daniela Salazar, quien como abogada promovió que se acepte el cambio de sexo de los niños, y luego, como magistrada, sentenció a favor.
Basta ver también el proyecto que pretendía impulsar el bloque correísta en la Asamblea, para rebajar la edad de consentimiento de relaciones sexuales de los menores, a solo 14 años. Esto gracias a un fallo de la propia Corte.
Santos recordó además el juicio político, al que calificó como descabellado y un despropósito, que la CC aprobó contra el entonces presidente Guillermo Lasso, sin pruebas.
De ahí que, entre las preguntas de la Consulta Popular, planteada por el presidente Noboa, es perfectamente válido incluir la opción de interpelar a los jueces constitucionales, para evitar que cometan nuevos abusos y que se los obligue a responder por sus actos.
