La Corte Constitucional tomó una decisión equivocada, al negar la admisibilidad del decreto-ley sobre la creación de zonas francas.
Así se pronunció el viceministro de Gobernabilidad, Mario Cuvi, al ser consultado por los micrófonos de “Punto de Orden.
Cuvi dijo sentir un “mal sabor de boca” con los fallos de la Corte, que además van en contra del “hiperpresidencialismo” que señala la Constitución.
El funcionario recordó que, de acuerdo a la Carta Magna, solo el presidente de la República tiene la atribución de calificar una iniciativa como “de urgencia económica”. En las circunstancias actuales, en que no hay Asamblea Nacional, la única tarea de la Corte Constitucional es establecer si un decreto-ley cumple con la normativa. Es decir, que esté dentro del marco legal, y no cuestionar su importancia o su urgencia.
Ni siquiera el Parlamento, cuando está en funcionamiento, puede cuestionar el carácter de “urgente”, anotó. Su función se limita a aprobarlo, modificarlo o negarlo, pues en caso de transcurrir un mes sin respuesta, entra en vigor por el ministerio de la ley.
Cuvi precisó que, ante las circunstancias políticas del país, el gobierno de Guillermo Lasso alista nuevos decretos-leyes que permitan mejorar la situación económica. El principal tiene que ver con los preparativos para enfrentar el Fenómeno de El Niño, que según los expertos, llegaría al Ecuador a mediados del mes de octubre.
A criterio del viceministro, la Corte Constitucional ha trazado una cancha, totalmente equivocada, pero tomando en cuenta que el gobierno no quiere controversia, sino soluciones, evitará conflictos con esta “aristocracia jurídica”, como la llamó, que ha creado extraños conceptos de “urgencia económica ordinaria” y “urgencia económica extraordinaria”.
Cuvi insistió los decretos presidenciales responden a necesidades sociales, pero parecería que la Corte Constitucional no lo entiende así.
Ya fuimos víctimas, agregó, de una Asamblea “dedicada a cualquier porquería menos al bien del país”. Como prueba citó los 1.400 pedidos de información, las 300 comparecencias, los 14 juicios políticos a ministros de Estado, y los 4 intentos de sacar al presidente Lasso del cargo.
De ahí su esperanza de que el próximo Parlamento, electo el 20 de agosto, tenga más responsabilidad y seriedad en el debate.
