Para el jurista Ramiro García, la Corte Constitucional (CC) tiene perfecto derecho de destituir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CCPS), y más aún porque violentaron un fallo que estaba expresamente “blindado”.
García recordó que la CC es un órgano jurisdiccional, no administrativo, y que, junto al Tribunal Contencioso Electoral, tiene la potestad de aplicar sanciones en determinados casos, incluso a dignatarios de elección popular.
El jurisconsulto reiteró que, pese a todas las excusas que ahora esgrimen el presidente del CPCCS, Alembert Vera, y los demás vocales que hicieron mayoría, lo cierto es que intentaron implementar una “veeduría ciudadana”, para evaluar y eventualmente sacar a los jueces de la CC, cuando carecían de atribución para ello.
La CC les dio 72 horas de plazo, para presentar la documentación que consideren válida. Por tanto, su cálculo señala que el lunes o martes de la próxima semana, podría conocerse el futuro de Vera y los demás.
García recordó que, hace unos cuantos meses, la CC ya destituyó a los integrantes del anterior CPCCS. Por tanto, queda demostrado que tienen la atribución para aplicar tales sanciones.
