Cuando la justicia de un país yerra y permite que un criminal se salga con la suya, es el momento en que debe intervenir la Corte Penal Internacional (CPI), también conocida como Tribunal Penal Internacional.
Su poder se basa en el Estatuto de Roma, firmado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. Actualmente cuenta con el respaldo de 124 países.
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En diálogo con “Punto de Orden”, su secretario general, el ecuatoriano Osvaldo Zavala, explicó la importancia de esta organización, como una forma de combatir a los grandes criminales de la historia.
Delitos perseguidos
La CPI nació en 1999, pero toma fuerza a raíz de los atentados terroristas del 2001 contra Estados Unidos –el famoso “9-11”. Y si bien ese país se adhirió originalmente, después retiró su firma, exigiendo que ninguno de sus ciudadanos pueda ser enjuiciado.
El organismo, señaló Zavala, tiene la capacidad de emitir órdenes de arresto. Sin embargo, al carecer de fuerza pública, es decir Policía, las hace extensivas a los países de donde son oriundos los criminales, o donde se ocultan.
¿Cuáles son los delitos investigados y castigados? Básicamente genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Un ejemplo de estos delitos es lo que vivió la República Democrática del Congo. Jean Pierre Bemba, actual vicepresidente del país, fue acusado de formar milicias, que secuestraban a niños para formarlos como soldados.
En el 2016, Bemba fue declarado culpable por la CPI por 3 delitos de crímenes de guerra y dos delitos de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, apeló y el caso sigue pendiente.
Zavala también mencionó a Omar Hasán Ahmad al Bashir, dictador de Sudán durante 30 años. Fue acusado de graves delitos de lesa humanidad en la región de Darfur, y de actos de corrupción con fondos del Estado. Pero en su país recibió una condena mínima, que todavía sigue en suspenso.
Sin prescripción
El secretario de la CPI remarcó un hecho fundamental: los delitos juzgados por ese tribunal nunca prescriben. Es por ello que algunas órdenes de arresto están varios años pendientes.
De ahí la necesidad, dijo, de que se implementaran medidas coercitivas, es decir, obligatorias, contra los estados que protejan a los criminales. Sin esas sanciones, la Corte no tendría peso.
Fue el caso de las sanciones impuestas a Estados Unidos por los ataques a Afganistán, o a Rusia por su guerra contra Ucrania.
La situación de Venezuela es muy particular. Zavala anotó que se han iniciado varios casos por abusos y crímenes, pero la justicia de ese país los gestiona a paso muy lento, o termina por inculpar a funcionarios de bajo rango.
Compensaciones
Como parte del plan de acción de la Corte, existe un fondo fiduciario, destinado a compensar y reparar a las víctimas de los crímenes.
El dinero se utiliza, por ejemplo, en la reinserción social de mujeres y niños desplazados por conflictos o agresiones, en cirugías reconstructivas para personas maltratadas, etc.
Zavala precisó que para él, como jurista y como ecuatoriano, es un privilegio servir en un organismo tan importante, y alentó a los compatriotas a defender las tradiciones de justicia.
