El reglamento elaborado tiempo atrás por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para el concurso que designará al nuevo fiscal general, no satisface a los actuales vocales.
En diálogo con “Punto de Orden”, Gonzalo Albán, integrante del organismo, advirtió que la normativa, creada durante la mayoría correísta, tiene serias deficiencias.
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Por ejemplo, en los “méritos académicos”, concede a cada candidato 10 de los 20 puntos posibles por el simple hecho de ser abogado, cuando debería ser un requisito fundamental para participar.
Además, por asistir a cursos de corto plazo otorga otros 4 puntos. Es decir, favorece a los que hace muy poco.
Reformas son necesarias
Para Albán, es fundamental reformar este reglamento, y “blindarlo” contra aspirantes que obedezcan a las estructuras del crimen.
La propuesta ya está presentada, y se espera que en 15 días esté lista para ser aprobada por el pleno del CPCCS.
El vocal reconoció que existe un enorme desinterés de la sociedad civil, e incluso de sectores académicos, en participar en este concurso, que requiere de comisiones ciudadanas transparentes.
