Le entraron las prisas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para elegir al nuevo fiscal general del Estado.
La designación debía concluir en abril pasado, pero las permanentes disputas políticas dentro del organismo, y los intentos del correísmo por tomarse instancias de poder, retrasaron el concurso.
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Diana Salazar dejó funciones
El tema se vuelve prioritario, pues la anterior titular, Diana Salazar, cumplió ya su periodo de 6 años. La Procuradoría General, en un informe vinculante, estableció que debía prorrogarse hasta ser legalmente reemplazada, pero solo permaneció un mes más en funciones.
Salazar renunció este martes, y dejó en el cargo al subrogante, Wilson Toainga. En sus manos quedan casos de enorme importancia, como «Reconstrucción de Manabí», «Ligados» y «Asesinato de Fernando Villavicencio». En todos ellos están involucrados altos miembros del correísmo.
Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, explicó que la designación del nuevo fiscal podría tardar entre 7 y 9 meses. Es decir, recién concluiría a fines del presente año, o principios del 2026.
El concurso ha tenido numerosos procesos, por lo cual prometió avanzar lo más pronto posible.
