El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió un fallo definitivo que obliga a Daddy Yankee a repartir a la mitad su patrimonio de 500 millones de dólares con Mireddys González.
Esta histórica sentencia ratifica las decisiones previas de los tribunales inferiores y sepulta los intentos del cantante por proteger su fortuna.
El máximo foro judicial de la isla respaldó la postura de González sobre la liquidación de los bienes gananciales acumulados durante el matrimonio.
Por consiguiente, la resolución dictamina que ambas partes poseen exactamente los mismos derechos sobre el millonario imperio económico. Tras conocerse el dictamen, trascendió que la exesposa del artista solicitó formalmente una compensación provisional inmediata de cinco millones de dólares.
Sin opciones de apelación para Daddy
El intérprete de «Gasolina» se ha quedado con las manos atadas dentro del sistema de justicia de su país natal.
Durante una entrevista, el abogado Pablo Lugo explicó que Daddy Yankee agotó la totalidad de los recursos legales disponibles en Puerto Rico.
De esta manera, el artista de 47 años deberá cumplir obligatoriamente con la distribución equitativa de las ganancias.
Un prolongado litigio conyugal
La tormenta legal entre Ramón Luis Ayala (nombre real de Daddy) y Mireddys González estalló a principios de diciembre de 2024, días después de que anunciaran su separación en redes sociales.
En aquel momento, el cantante acusó a su exesposa y a su excuñada de retirar sin autorización, 100 millones de dólares de las cuentas de sus empresas musicales: El Cartel Records y Los Cangris; esa disputa llevó al bloqueo temporal de varias operaciones financieras.
Amor de juventud que terminó en los tribunales
Es importante recordar que Mireddys y Daddy Yankee contrajeron matrimonio cuando apenas tenían 17 años, cuando no había fama, ni éxito, ni dinero.
Juntos consolidaron una relación de 29 años y procrearon dos hijos, Jeremy y Jesaaelys.
En conclusión, aunque el pionero del reguetón anunció un acuerdo parcial a finales de 2024 para retomar el control operativo de sus corporaciones, la justicia puertorriqueña ha dicho la última palabra sobre el destino de la fortuna familiar: será dividida.
