El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 328, con el que dispone que el Centro Nacional de Inteligencia emita alertas y reportes de riesgo sobre personas y empresas que participen en contrataciones de la Función Ejecutiva.
La medida aplica a procesos bajo régimen especial y a contrataciones cuya información haya sido clasificada como confidencial, reservada, secreta o secretísima dentro de ministerios y entidades del Ejecutivo.
El decreto establece que el organismo de inteligencia deberá analizar a oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas y beneficiarios finales vinculados a estos procesos.
Los informes deberán identificar posibles riesgos para el Estado, como vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito o injerencia extranjera.
Las entidades del Ejecutivo deberán enviar al Centro Nacional de Inteligencia el listado de participantes en cada proceso antes de adjudicar los contratos. También deberán incluir datos sobre estructuras societarias y beneficiarios finales.
La institución podrá solicitar información adicional si lo considera necesario para su análisis.
El decreto también dispone que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 entregue datos de geolocalización y georreferenciación cuando el organismo de inteligencia lo requiera para prevenir amenazas a la seguridad del Estado.
Además, la Dirección de Control Migratorio del Ministerio del Interior se incorporará como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia para apoyar las actividades de análisis y prevención.
El Centro Nacional de Inteligencia deberá emitir protocolos internos para aplicar esta disposición y supervisar su cumplimiento. También tendrá que informar periódicamente al presidente Daniel Noboa sobre los resultados y avances de la medida.
