El presidente Daniel Noboa ya puede convocar a la consulta popular.
La Corte Constitucional dio el visto bueno a las correcciones en la propuesta de cuatro enmiendas, que eran las únicas que quedaban pendientes.
De acuerdo a la ley, el Ejecutivo, una vez con esta aceptación, puede emitir el decreto que ordena el proceso. El Consejo Nacional Electoral debe convocarlo en 15 días, y realizarlo dentro de 60.
Los votantes deberán pronunciarse de sobre 10 temas, entre consulta popular y referéndum.
El dictamen de la Corte Constitucional contó con el voto favorable, pero excluyendo tres considerandos y varias frases, porque “inducían a una respuesta al elector; no estaban redactadas en términos neutros; y contenían lenguaje emotivo que no respeta la garantía de plena libertad de decidir, señalaban las observaciones”.
Las preguntas serían las siguientes, para el caso de las enmiendas:
-¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
-¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
-¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
-¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?
Mientras, las preguntas plebiscitarias servirían para modificar leyes relacionadas con la seguridad.
La votación se realizaría a mediados de abril, a un costo de 55 millones de dólares, aproximadamente.
