El Comercio .- En procesos judiciales contra personas vinculadas a la delincuencia organizada hay una excesiva aplicación de procedimientos judiciales abreviados. Esto facilita que salgan más rápido de las cárceles.
Esta es una de las conclusiones de un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, difundido en agosto de 2022.
Actualmente, el sistema de justicia de Ecuador enfrenta críticas por la liberación de detenidos peligrosos, sobre todo, integrantes de bandas delictivas señalados por delitos que han conmocionado al Ecuador.
El trabajo del Observatorio precisa que estos procedimientos abreviados y, que dan lugar a sentencias para que presos salgan más rápido de las cárceles, favorecen más a delincuentes peligrosos.
La ONG cita los casos donde hay mayor reincidencia: procesados por tráfico de drogas, homicidios, lavado de activos, trata de personas y tráfico de migrantes.
Penas mínimas de hasta 24 meses
El trámite del procedimiento abreviado lo contempla el artículo 636 del Código Integral Penal (COIP). Esto da al Fiscal la potestad para que lo proponga al acusado y a su abogado defensor, a cambio de una reducción de la pena.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, de 938 condenas que analizaron, el 56% se resolvieron con procedimientos abreviados. Y de esas 938 personas sentenciadas, unas 385 recibieron penas mínimas de 20 a 24 meses.
La organización hace observaciones sobre el tiempo de estas condenas, debido a que se contraponen con los plazos reales del proceso legal.
Ese plazo total es de 21 meses, pero el sentenciado cumple el 88% de la condena a poco de que se termine la totalidad del proceso judicial.
En consecuencia esto facilita que las sentencias mediante ese recurso permita que los presos salgan más pronto de las cárceles, de acuerdo con los casos revisados.
Así procede el proceso abreviado
José Mosquera, ex juez de Garantías Penales, explica que el procedimiento abreviado contempla una rebaja de pena cuando el procesado acepta ser culpable del delito.
En ese sentido la norma dice que esa rebaja de pena no será mayor al tercio de la pena mínima. Por ejemplo, el delito de delincuencia organizada se castiga con siete a 10 años de prisión.
Con la aplicación del procedimiento abreviado el procesado podría ser condenado con un poco más de dos años por ese ilícito.
Mosquera cree que el procedimiento abreviado debe ser revisado y no debe aplicarse en todos los casos, de esta manera los presos no van a salir más rápido de las cárceles.
El jurisconsulto Marcelo Rivera cree que este recurso legal funcionó cuando había un exceso de causas represadas en los juzgados. Entonces era pertinente abreviar el proceso contra un detenido para evitar más congestión.
Rivera considera que el ajuste al procedimiento abreviado debe ir en estricto sentido de la agilidad de los despachos judiciales, pero observando los principios de imparcialidad para que el juez evite favorecer a presos involucrados en casos de conmoción.
Sistema judicial plantea reforma
La mesa interinstitucional por la seguridad ya observó a los procedimientos abreviados como una de las debilidades en la normativa penal vigente.
En su reunión del pasado 12 de abril de 2023 acordaron solicitar una reforma al COIP para ajustar este procedimiento.
Los detalles no se han dado a conocer hasta que sea presentada a la Asamblea Nacional. La mesa interinstitucional por la seguridad también ha solicitado un ajuste a los procedimientos de hábeas corpus y acciones de protección.
Estas son otras las alternativas judiciales a las que el crimen organizado ha recurrido para salir de las cárceles.
Violencia criminal domina
La violencia causada por el crimen organizado es la de mayor preocupación en Ecuador. Los homicidios intencionales donde hubo violencia criminal son los más representativos en las estadísticas.
En el primer trimestre del 2022 sucedieron 971 muertes violentas en Ecuador, de las cuales 794 fueron cometidas en un contexto de violencia criminal, es decir, el 81% de los casos.
Mientras que en similar periodo del 2023 han sucedido 1 637 homicidios, de los cuales 1 434 fueron por violencia criminal. Esto representa el 88% de los casos, según cifras de la Policía.
