En la continuación de la investigación previa abierta por el delito de peculado contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, la Fiscalía General del Estado convoca el 17 de noviembre próximo a la funcionaria a rendir versión y así hablar de la forma de contratación y las labores que Soledad Padilla mantuvo en la Prefectura de Pichincha entre 2019 y 2023.
La indagación en este caso se abrió el 24 de octubre pasado y parte de lo dicho por la propia Padilla en un audio filtrado en el que dialoga con el exvicepresidente Jorge Glas. Aparentemente, mientras era funcionaria de la Prefectura de Pichincha Soledad Padilla era la asistente del líder correísta, quien estuvo en varios Centros de Privación de Libertad (CPL), entre 2017 y 2023, cumpliendo dos sentencias en firme por actos de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.
La versión a la que es convocada Pabón fue solicitada por su defensa. Como parte de la información requerida por la Fiscalía, la prefectura de Pichincha ya habría facilitado informes sobre la creación de la necesidad de los cargos de asistente de promoción turística 2 y directora técnica de apoyo que ocupó Padilla desde el 5 de noviembre de 2019 que ingresó al Gobierno Autónomo Descentralizado provincial liderado por Pabón. Además información del área de Recursos Humanos sobre la selección, el sueldo, informes de trabajo y otros documentos de registro.
En uno de los audios filtrados se escucha a Glas decir que Padilla no trabajaba para él, sino para la Prefectura de Pichincha. Padilla le respondió: “Cuanto no lo conozco que de entrada me va diciendo, me va lanzando una pastillita: Para mi no trabajabas, trabajabas para la prefectura. Por favor, hay conversaciones, las llamadas que usted hacía para que me contraten. Por favor Jorge, por favor, entre gitanos no nos leemos las cartas, Jorge”.
Padilla ha denunciado a Glas en la Fiscalía por acoso e intimidación; mientras que Jorge Glas días después la demandó por extorsión, pues supuestamente le exigió $ 350.000 a cambio de no publicar audios relacionados con el tema.
Entre la tarde y noche del jueves 2 de noviembre pasado y como parte de un acto urgente, la Fiscalía allanó una vivienda en la provincia del Guayas y varias oficinas de la Prefectura de Pichincha, en el centro de Quito, entre ellas, la que ocupaba Padilla en el piso 19 y otra del área de tecnologías en el piso 8. Equipos electrónicos (cuatro computadoras) y documentos habrían sido levantados en los lugares en los que se dieron los allanamientos.
Para la prefecta Pabón era inaudito que habiendo señalado casillero judicial y entregado toda la información requerida por la Fiscalía, “en un burdo intento por polemizar y mediatizar un caso”,se allane la Prefectura en feriado nacional, cuando nuestro personal está trabajando en las vías en el operativo Pichincha Segura.
Durante el allanamiento, el procurador de la Prefectura de Pichincha, Freddy Vega, tampoco entendía la acción de Fiscalía, más aún cuando la institución ha brindado las facilidades y entregado la información que se ha requerido. De Padilla explicó que era una funcionaria más del área de Protocolo.
Mostró reparos por el momento en el que se hace el allanamiento, pues, según él, la acción podría haber sido hecha en horarios laborales en el que están los funcionarios laborando y pueden hacer los requerimientos del caso y no en medio de un feriado nacional. “Vienen en momentos en que no están los funcionarios y no les podemos dar mayor información”, indicó Vega, quien además calificó al acto de Fiscalía como inoficioso.
Entre los delitos contra la eficiencia de la administración pública se encuentra el delito de peculado, el cual está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa explica que los servidores públicos; las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado; o, los proveedores del Estado que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad que pueden ir de los cinco a los trece años.
Serán sancionados con la misma pena como responsables de peculado los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia de estas entidades; que, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.
