El Universo .- La denuncia la presentó un colectivo llamado Va por ti Ecuador ante el Consejo de Participación, en la que piden se investigue el examen especial hecho a Lasso.
Con la instalación del nuevo periodo de siete vocales en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un colectivo denominado Va por ti Ecuador presentó una denuncia en contra del contralor Carlos Riofrío por haber incurrido, presuntamente, en el delito de corrupción por no aplicar con diligencia y obligación sus funciones para investigar que el mandatario Guillermo Lasso no posea propiedades, bienes o capitales en Panamá, considerado como un paraíso fiscal.
Esta agrupación, presidida por Álex Flores Álvarez, hizo llegar su denuncia al CPCCS este 23 de mayo, luego de solicitar a la Contraloría información que certifique si Carlos Riofrío viajó a ese país centroamericano a recabar información sobre los bienes y activos de Lasso.
La Contraloría le certificó a Flores que el contralor no registra viajes internacionales a Panamá y le comunicó las acciones normativas que se aplican cuando tienen conocimiento de una violación a la Ley de Aplicación de la Consulta Popular de 2017, en la que se prohíbe a funcionarios del Estado y aquellos electos por voto popular, mantener activos, bienes o capitales en países considerados como paraísos fiscales.
Según Flores, Riofrío “nunca viajó a Panamá” a realizar una investigación, ni la Contraloría había solicitado información sobre el caso, por lo que consideran que hay “negligencia” en el examen especial que se realizó a Guillermo Lasso, tras haber sido mencionado en la investigación de los Pandora Papers o Papeles de Panamá.
Además, según el colectivo, al constatarse este presunto delito de corrupción, se configuraría también el de fraude procesal por “encubrimiento”.
“¿Cómo pudo la Contraloría General del Estado certificar que el señor Guillermo Lasso Mendoza no tiene propiedades, bienes o capitales en Panamá (considerado como un paraíso fiscal) como propietario directo o indirecto, si el contralor general del Estado Carlos Alberto Riofrío González nunca viajó a Panamá a recabar información con carácter oficial y tampoco la Contraloría nunca solicitó información en este sentido a las autoridades de Panamá?”, se pregunta Flores en su denuncia entregada al CPCCS.
Con esos presupuestos, Álex Flores pidió al Consejo de Participación Ciudadana que se inicien cinco acciones: que se abra de inmediato una investigación al examen especial que hizo la Contraloría sobre las posesiones de bienes o capitales de forma directa o indirecta en paraísos fiscales, relacionado con Guillermo Lasso Mendoza,
Que esa investigación se ponga en conocimiento del pleno; y que de ser el caso, el CPCCS aplique las sanciones que le da la ley; que el Consejo denuncie las responsabilidades penales que detecte ante la Fiscalía General del Estado y que ejecute todas las acciones que crea oportunas.
En diciembre del 2021, la Contraloría había notificado a Guillermo Lasso del archivo del examen especial para “determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad por presunción de ser propietario directo o indirecto, de bienes o capitales, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales, o por ostentar la condición de directivo en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes”.
Según el órgano de control, no se encontraron “elementos objetivos que demuestren que Guillermo Lasso, a las fechas de inscripción de la candidatura para presidente de la República del Ecuador y de la posesión de dicho cargo, haya infringido las normas de la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada en febrero de 2017″.
Este es el segundo grupo de la sociedad civil que pide al Consejo de Participación Ciudadana investigar a las autoridades de control en funciones.
El colectivo Acción Jurídica Popular solicitó a la institución que le remita información sobre las calificaciones obtenidas por la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, a quien la denuncian de presunto plagio en los textos de su tesis.
Entre los denunciantes, que se encuentra la activista Angélica Porras, pidieron al Consejo de la Judicatura (CJ) que la suspendan y, posteriormente, se la destituya de sus funciones por entregar “información falsa y documentos falsos” en el concurso público en el cual Salazar participó y fue electa por el CPCCS de Transición en el 2019.
A propósito de esa denuncia, la Fiscalía inició una indagación previa en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana por presunto incumplimiento de órdenes de autoridad competente y delitos de destrucción de datos.
La Fiscalía alertó días atrás de un supuesto intento de “alterar o borrar los archivos y documentos que respaldan el concurso de designación” de Salazar, en lo que sería “una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de Diana Salazar en sus funciones y que tienen como afán generar desinformación e inestabilidad, tratando de desprestigiar el trabajo desarrollado por la actual administración”.
🟡🔵🔴 El Consejo de Participación Ciudadana cumplió con el requerimiento de información de @FiscaliaEcuador.
Nos mantenemos vigilantes de que se respete la independencia entre funciones y rechazamos lo que podría ser un intento de intimidación y persecución. pic.twitter.com/sJxJOIj2LV
— Participa Ecuador (@CpccsEc) May 23, 2023
El presidente del Consejo Alembert Vera calificó de “absurda” la investigación y aseguró que la documentación de Salazar está completa y fue entregada a la Fiscalía.
