Legisladores del correísmo impulsaron las impugnaciones, pero a último momento algunos no asistieron o se retiraron de la jornada que se realizó en el CPCCS.
Una anormal jornada de audiencias públicas para evacuar diez impugnaciones ciudadanas se vivió en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que desarrolla el concurso público para la selección de los comisionados ciudadanos que designarán a los cuatro vocales —dos principales y dos suplentes— del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Este 5 de octubre, el Consejo de Participación Ciudadana instaló una plenaria para escuchar diez impugnaciones interpuestas en contra de nueve concursantes a ser comisionados. El presidente, Hernán Ulloa, asistió a la sede del organismo en Quito, y el resto de consejeros y las partes lo presenciaron de forma virtual y en un ambiente marcado por la inasistencia a exponer sus pruebas de cargo y descargo.
Los principales rostros de estos cuestionamientos fueron legisladores de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), cuya principal prueba fue un listado elaborado por un exasesor de la consejera del CPCCS Sofía Almeida en el que se denuncia que nueve concursantes serían allegados al presidente de la República, Guillermo Lasso, y que se presentó ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
El legislador Ricardo Ulcuango objetó a Dalai Mendoza, Olga Ochoa y María José Murillo. Su coideario de bancada José Chávez también impugnó a Murillo. Y Humberto Alvarado, que renunció a su curul para postularse a la prefectura de Los Ríos para los comicios seccionales del 2023, cuestionó a Mercedes Villarreal, José Ayala y José Valle.
El también asambleísta de UNES Mauricio Zambrano objetó a Luis Tillería y Miguel Ángel Vaca
Desde su oficina en la Asamblea Nacional, conectado a través de la plataforma Zoom, Ulcuango sustentó su objeción respecto de la existencia de ese listado del exasesor de Almeida, y aseguró que ello restaba probidad a los participantes, por lo que sería “una injerencia” del Ejecutivo en los concursos de selección de autoridades.
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“A mí nadie me ha llevado de la mano (a inscribirse en el concurso público)”, añadió, e insistió en que no tiene “amigos” en el sector público ni ocupa un cargo.
Olga Ochoa no asistió a la audiencia, porque se le habría presentado una calamidad doméstica, al igual que María José Murillo, que tampoco se presentó.
Pero la defensa de Ulcuango recogió nuevamente el argumento de que constaban en ese listado y debían ser descalificadas para que el concurso de selección de los vocales del CNE se realice con independencia y transparencia.
Cuando fue el turno del asambleísta Chávez, ni él ni la impugnada se presentaron.
Humberto Alvarado no expuso sus pruebas de cargo en contra de Mercedes Villarreal, porque su abogado no se presentó.
Villarreal aseguró que no tiene ninguna relación con el Ejecutivo y que desconocía la existencia de esa lista en que la mencionan. Como prueba, presentó un certificado del Consejo Electoral de que no es parte de una organización política.
Al exponer la impugnación en contra de José Ayala, el exlegislador alegó falta de probidad porque constaría en ese listado; y, en el momento de evacuar la impugnación a José Valle, se retiró de la sala virtual porque tenía previsto atender temas de su agenda, y no sustentó sus acusaciones.
Ayala se defendió asegurando que esa supuesta nómina es un “pasquín” y que él no tiene relación con el régimen actual. En la misma línea se defendió Valle, quien afirmó que no conoce esa lista en que lo mencionan, y como prueba a su favor expuso un certificado de apoliticismo del Consejo Nacional Electoral de que no pertenece a un partido o movimiento político.
El legislador Mauricio Zambrano no se presentó a exponer sus impugnaciones a tres de los concursantes: Omar Martínez, Miguel Ángel Vaca y Luis Tillería, aunque este último tampoco asistió a ejercer su defensa.
Martínez pidió que se deseche esta objeción, porque no existe fundamento legal; en tanto que Vaca desestimó esa nómina en la que aparece su nombre como allegado al Gobierno.
Después de evacuar estas diligencias, el pleno aprobó una resolución en la que fijó un término de tres días para que el Departamento Jurídico del Consejo elabore un informe que recomiende aceptar o desechar las objeciones; y, de ser el caso, sugiera que se archiven aquellas en que los impugnantes e impugnados no asistieron a esta audiencia.
Si algunas de las impugnaciones ciudadanas son aceptadas, los candidatos a ser comisionados serán descalificados del proceso de selección.
Fuente: El Universo
