El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y en especial su presidente, Alembert Vera, están metidos en serios problemas legales, por su persistencia en querer “evaluar” la gestión de la Corte Constitucional.
En diálogo con “Punto de Orden”, el jurista José Chalco recordó que la conformación actual de la Corte, producto del proceso llevado a cabo por el CPCCS transitorio, hace casi 5 años, fue “blindado”, y por tanto no puede ser rebatido ni modificado.
Sin embargo, Vera, amparándose en el sospechoso fallo de un juez de Montecristi, pretende realizar una “veeduría”. En materia penal, agregó, se trata de “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad”, un delito que conlleva destitución y cárcel.
El jurista hizo notar que este “engendro legal”, como denominó al actual CPCCS, quiere a toda costa desmontar a la Corte. Incluso, en su página web, mantiene publicada la convocatoria a la supuesta veeduría, y hasta el formulario para que los ciudadanos participen en la misma.
Este irrespeto al organismo constitucional, anotó, le puede costar el puesto a Vera. Y ya se dio cuenta de ello, por lo cual trata de culpar a un funcionario de nivel medio, cuando es evidente que fue el promotor de la iniciativa.
A su criterio, los ataques del CPCCS, primero contra la fiscal, Diana Salazar, y ahora contra la Corte, no son más que una “serie ordenada y sistemática de acciones”, que tiene como objetivo desinstitucionalizar al Estado. Son actos vergonzosos que constriñen con la ética.
Por la conformación de dicho organismo, es evidente cuál es su objetivo, dijo.
Elección violó normas
Chalco también mostró su rechazo a la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que no aceptó la demanda contra la elección de Alembert Vera y otros vocales, ocurrida el pasado mes de febrero.
En su opinión, hubo infracciones electorales flagrantes, pues la ley, de forma expresa, prohíbe que partidos y movimientos auspicien candidatos al CPCCS. Y la Revolución Ciudadana, haciendo caso omiso de la misma, promovió a los aspirantes de forma pública y notoria.
El argumento del TCE para rechazar la impugnación es absurdo, pues alega que, al ser la promoción por redes sociales, no cuenta como “campaña”. Un tema que solo es válido a nivel de gasto electoral, dijo.
Lo más vergonzoso, agregó el jurisconsulto, es que los numerosos videos e imágenes de esa campaña no cuentan para el TCE, pues alega que “no fueron evaluados pericialmente”.
El jurista no se extrañó de estas decisiones, y subrayó que a nadie sorprende la “coincidencia” que hay entre el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, el Consejo Nacional Electoral y el TCE. Y menos aún al saber quiénes dirigen estas instituciones.
No cabe repetición de elecciones
Chalco también cuestionó la decisión del CNE, de repetir las elecciones para los ecuatorianos que residen en el exterior.
Para empezar, el Código de la Democracia establece claramente las causales para anular unos comicios. Y los del 20 de agosto no configuran ninguna de ellas.
Asimismo, la misma norma legal ordena que, si hay que repetir un proceso, sea en un plazo máximo de 10 días, lo cual no se cumple.
Y por último, extrañamente solo habrá nuevas elecciones para asambleístas, pero no presidenciales ni consulta popular del Yasuní.
Estas violaciones sistemáticas al orden constitucional, acotó el experto, violan el espíritu de los electores, e irrespetan su voluntad.
Chalco sospecha que el objetivo de los integrantes del CNE, es “quemar” tiempo con esta polémica, para que lleguen los plazos de las siguientes elecciones, previstas para el 2025, y no puedan ser llevados a juicio político en la Asamblea Nacional, como merecen.
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