Habla pocas veces, y cuando lo hace es precisa y contundente. Tan contundente como cada uno de sus pronunciamientos jurídicos y procesales. Tan precisa como sus comunicados y requerimientos. Ni una coma demás. Ni una letra de menos.
Nos referimos a la fiscal general, Diana Salazar. Una mujer que genera admiración y aplauso, por su valentía para enfrentar a los grupos políticos y criminales más poderosos del país. Algunos la llaman, incluso, “la reserva moral de la patria”, y mencionan con insistencia que debería competir en las urnas. Es un tema que ella evade siempre. Una participación electoral no forma parte de sus prioridades.
Accedió a una entrevista especial con Carlos Vera, en “Vera a su Manera”, pero en su propia oficina de la Fiscalía. No es por comodidad ni por tiempo –aunque bien le caerían-. Es un tema de seguridad. Dentro del mundo del hampa y de la política, que tanto se mezclan en Ecuador, Diana Salazar es uno de los blancos más apetecidos.
Su labor ha llevado al banquillo –y a la cárcel- a poderosas figuras políticas nacionales. Que lo digan el ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas. El primero, asilado en Bélgica desde hace años para evadir su sentencia, no duda en dedicarle todos los términos peyorativos que se le ocurran. El segundo, obligado a refugiarse en la Embajada de México de forma indefinida, trata de evitar el pasaje de regreso a la prisión de Latacunga, de donde salió gracias a un costoso Habeas Corpus. Fueron 250.000 dólares, pero no los pagó él, si nos atenemos a los chats del fallecido narco Leandro Norero.
Reformas inconsultas
El análisis comienza con las polémicas reformas al Código Integral Penal (COIP), que serán tratadas este jueves, en segundo y definitivo debate, dentro de la Asamblea Nacional. Para la fiscal, solo hay una explicación: quieren meter –de nuevo- la mano en la justicia.
Dichas reformas pretenden incorporar acciones que dejan muchas dudas. Por ejemplo, quitar la titularidad de la acción penal en determinadas circunstancias.
En el caso del recurso de revisión, Salazar afirma que los cambios no son más que una “legislación a la carta” y con dedicatoria, para favorecer a quienes han sido condenados en base a pruebas serias. Tanto así, que pretenden dar poder a relatorías de organismos internacionales –de dudosa independencia- por encima de la justicia local.
De aprobarse el proyecto, ciertas instituciones, con evidente sesgo, y cargadas de afinidad política e ideológica con los sentenciados, podrían alegar que se violaron sus derechos. ¡Y listo! Condena revocada de un plumazo. ¿Y las evidencias?
Salazar no dio nombres y apellidos, pero es fácil colegir quienes podrían ser los grandes favorecidos con estas “relatorías” a la medida.
Parecida preocupación le genera la posible reforma, que levantaría la reserva de casos delicados. De ser aprobada, la Asamblea, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, amén de cualquier juez, podrían exigir información de ciertas investigaciones, con el consiguiente peligro de que esos detalles lleguen a los implicados, y desaten su fuga.
Ya han demostrado ciertos legisladores, anota la fiscal, su extraño “interés” de conocer casos reservados.
Como ejemplo mencionó el Caso Metástasis, donde están involucrados Xavier Jordán y el ex parlamentario Rony Aleaga. De haberse dado la información que tanto pedía Aleaga –miembro de los Latin King, y mencionado numerosas veces en los chats de Norero con el sobrenombre “El Ruso”- seguramente los allanamientos no hubieran tenido tanto éxito. O tal vez ninguno.
Lo más sospechoso, apuntó Salazar, es que estas reformas fueron “socializadas” solo un día antes del primer debate en la Comisión de Justicia de la Asamblea que, por cierto, no acogió las recomendaciones del delegado de la Fiscalía. Claro que eso no le sorprende. Como que esa comisión tiene mayoría correísta.
Para la ministra fiscal, la respuesta a la ola criminal no pasa por aumentar las penas. Las que existen hoy son suficientes. La verdadera solución es fortalecer el sistema judicial, y evitar situaciones absurdas como la de conceder arresto domiciliario o traslado a una clínica privada, a personas condenadas por delitos graves.
En la Fiscalía están listos. Si las reformas pasan y no ocurre lo que debería ocurrir –veto total del Ejecutivo- presentarán una acción de inconstitucionalidad, con miras a detenerlas.
Juicio político sin fundamentos
Su repaso en “Vera a su Manera” incluyó el juicio político, planteado en su contra por el bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Un proceso que, sospechosamente, coincide con las diligencias de los casos Metástasis y Reconstrucción de Manabí.
El Caso Metástasis, en particular, tiene algunas aristas. Los chats del fallecido Leandro Norero implican a muchas personas, incluyendo a Xavier Jordán. Y del plano jurídico se pasa al personal. Salazar, por única vez, habla del “prófugo” (Rafael Correa), y su manía por inculparla dentro del proceso, por la mención en las conversaciones de una “negra”.
Absurdo, remarca. Es absurdo pensar que ella tenga algo que ver con Norero, si fue quien impulsó los allanamientos.
Y de ahí a lo irónico. Jordán pone en duda la autenticidad de los celulares decomisados a Norero, y pide que les realicen exámenes periciales en Estados Unidos. Más bien deben ser él y su grupo quienes vuelvan al país, responde la fiscal, para ser juzgados por las leyes ecuatorianas, en lugar de esconderse.
No es difícil adivinar, y Salazar lo señala. El correísmo, llevado por su sed de venganza, quiere entorpecer su labor, y en especial quiere entorpecer las diligencias de estos casos –Metástasis y Reconstrucción de Manabí- mediante una interpelación que no tiene asidero.
Tal vez algo de equilibrio generan las declaraciones de las bancadas social cristiana y ADN, que, desde ya, advirtieron que no votarán a favor de una eventual censura.
La fiscal promete que, cuando llegue el momento, se defenderá con argumentos claros y reales. Tiene la conciencia política y no teme a un juicio que es político, pero no justo.
Necesitan respaldo
En otro ámbito, Diana Salazar señala los problemas económicos y logísticos de quienes integran la Fiscalía. Empezando por la seguridad, como lo corrobora el asesinato de César Suárez, agente fiscal de Guayas.
Tras largas gestiones, dijo, se consiguió que el Ministerio de Finanzas asigne seguros de vida a los fiscales. Lo malo es que son irrisorios. Apenas 5.000 dólares por cada uno, en caso de muerte.
La Ley de Extinción de Dominio, con fallas
La recientemente aprobada Ley de Extinción de Dominio, a su criterio, es perfectible. La norma establece que los bienes incautados a las bandas criminales, sean entregados al Estado en poco tiempo. Algo casi imposible, pues se requiere una investigación previa, que establezca, sin margen de error, de dónde salió el dinero que permitió adquirirlos.
Sin embargo, se permite la devolución de activos en caso de comprobarse que no son producto de delitos.
Caso Villavicencio: la reserva es primordial
El recorrido de la entrevista lleva finalmente el caso por el asesinato de Fernando Villavicencio, que rebasó los 6 meses. La Fiscalía no deja cabos sueltos, ya que su trabajo abarca el proceso contra los autores materiales, la investigación a los posibles autores intelectuales, y los hallazgos realizados por la comisión especial de la Asamblea, designada para este caso.
Y una vez más, Salazar lo deja claro: no se puede levantar la reserva de la investigación, por más que lo quiera esa comisión, y por más que lo pidan algunas figuras de la política, sospechosamente interesadas en saber nombres y detalles del crimen.
Al menos, subrayó la fiscal, cuentan con una copia de la información que estaba almacenada en el teléfono celular del malogrado ex candidato presidencial. Es información esencial, que permitirá en poco tiempo dar resultados.
La entrevista completa, a continuación:
