Las extorsiones afectan la prestación de servicios básicos al noroeste de Guayaquil. Habitantes de estas zonas denuncian problemas con la recolección de basura y el acceso a internet debido a las amenazas de grupos criminales contra trabajadores y empresas.
Ataques a Urvaseo
Una de las evidencias más visibles de esta situación ocurrió en la sede de la empresa recolectora de basura Urvaseo, ubicada en la avenida Casuarina. Al menos 7 orificios de bala quedaron en la puerta principal de la empresa, tras un ataque del pasado 28 de mayo, cerca de la 1 de la madrugada, que dejó un guardia herido, señaló Ecuavisa.
Moradores del sector indicaron que el atentado estaría relacionado con extorsiones dirigidas a la empresa.
Las consecuencias ya se sienten en distintos puntos de Nueva Prosperina. En el sector El Mirador, por ejemplo, los habitantes denuncian que el servicio de recolección de basura se ha visto afectado porque los trabajadores evitan ingresar debido a las amenazas de muerte, lo que ha provocado la acumulación de desechos en algunas calles.
Tienen que trabajar con acompañamiento policial
De acuerdo con la Policía Nacional, URVASEO remitió un oficio solicitando resguardo para que su personal pueda operar con seguridad frente a las amenazas de grupos delictivos. Esta situación fue confirmada por representantes de la empresa.
«Así es. En días pasados lamentablemente sufrimos estos ataques de delincuencia organizada y hemos sido víctimas de extorsiones. Sin embargo, luego de las solicitudes realizadas al Municipio de Guayaquil, hemos podido brindar el servicio de recolección, siempre con resguardo policial, de Segura EP, e incluso de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)», señaló una representante de Urvaseo.
No es el único servicio afectado
Los moradores también aseguran que permanecen sin servicio de internet desde hace varios días porque los técnicos de las operadoras no pueden ingresar a realizar reparaciones o labores de mantenimiento debido a la inseguridad. Pese a ello, continúan recibiendo cobros por el servicio.
«Nos dicen que no pueden venir a arreglar el problema por las extorsiones y los vacunadores. Fuimos a la empresa para cancelar el contrato, pero nos indicaron que debíamos pagar una multa de 140 dólares», denunció una residente.
El comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) de la Policía Nacional, Walter Villarroel, informó a Ecuavisa que existe una investigación en marcha para identificar y capturar a los responsables de estos hechos, que ya impactan directamente en la calidad de vida de miles de habitantes del noroeste de Guayaquil.
