Ciudadanos que buscaron integrar la comisión ciudadana exigen que se reparen sus derechos afectados en la etapa de impugnación ciudadana.
Dos acciones de protección se presentaron en contra de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), a quienes se los acusa de una supuesta afectación de derechos de participación en la integración de la comisión ciudadana que organizará el concurso público para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
Son dos ciudadanos que interpusieron estos recursos ante la justicia ordinaria, al sentir afectados sus derechos durante la etapa de escrutinio público en el concurso de méritos que se realizó para integrar la comisión ciudadana que elegirá al próximo contralor del Estado.
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Para este miércoles, 2 de noviembre, a las 10:00, el juez Richard Chinde Chamorro, de la Unidad Judicial Civil de Quito, aceptó una acción de protección planteada por Juan Ochoa Cárdenas, quien postuló para ser comisionado y fue descalificado en la etapa de escrutinio.
En esta fase, el Consejo de Participación Ciudadana aceptó catorce impugnaciones a quienes postularon a ser comisionados, con base en cuestionamientos que plantearon varios legisladores de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES).
Luego de las audiencias públicas de presentación de pruebas de cargo y descargo, el pleno del Consejo aceptó por unanimidad las objeciones impulsadas por los asambleístas y descalificó a once personas.
El argumento legal de los legisladores era que los nombres de los concursantes constaban en una lista que poseía un exasesor de la consejera y expresidenta del CPCCS, Sofía Almeida. En ella, se los consideraba como afines al Gobierno de Guillermo Lasso porque, supuestamente, el mandatario había enviado esa nómina al exasesor para que considere la participación de esos candidatos.
Ese documento fue expuesto en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, de la que son parte los asambleístas impugnantes y fue la base de los cuestionamientos a los participantes.
Ochoa fue impugnado por el legislador de UNES Ferdinan Álvarez, y en el recurso de acción de protección detalló que fue descalificado sin un razonamiento lógico.
Expuso que el informe técnico del CPCCS en el que se menciona que él consta en un listado elaborado por este exasesor, y que si bien “no es suficiente motivo para perder la probidad notoria que requiere el Consejo, sin embargo, el mismo hecho hace que el proceso se encuentre en el ojo público y sobre todo que el mismo sea objeto de observaciones. En tal sentido, el CPCCS, al ser custodio de la transparencia del proceso (…), es necesario que el postulante sea removido del proceso”, describe el informe oficial.
Esta conclusión del Consejo para excluirlo del proceso es para Ochoa violatoria de sus derechos constitucionales, pues “no existe un razonamiento lógico para que declaren procedente la impugnación”.
La acción de protección fue aceptada, pero el juez no emitió medidas cautelares para suspender el concurso público para elegir al nuevo contralor.
Ochoa exige que se declare la vulneración de sus derechos, el derecho al honor y el buen nombre, a la no discriminación, entre otros; y, como reparación integral, que se deje sin efecto la resolución del CPCCS que aceptó la impugnación del legislador Álvarez.
La segunda acción de protección la presentó la expostulante a la comisión Grace Ponce Almeida, quien fue impugnada por una ciudadana llamada Diana Vargas.
La audiencia para resolver su recurso la convocó para el próximo 9 de noviembre el juez Irwin Brito Ramos, de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en Infracciones Flagrantes de Quito, a las 10:00.
Ponce expuso varias anomalías en la fase de escrutinio público, como que los plazos para convocar a presentar las impugnaciones a los candidatos se incumplieron, que las audiencias para sustanciarlas no se realizaron en las fechas definidas y, al contrario, que se aplazaron sin que el reglamento respectivo establezca suspenderlas.
La objeción a la excandidata se basó en que, supuestamente, no cumplía con el puntaje en mérito de 37/50, porque su título de tercer nivel no cumplía una temporalidad, por lo que carecía de probidad para ejercer esta función.
Sin embargo, Ponce asegura que fue calificada por el pleno para estar entre los 30 mejor puntuados y que el equipo técnico (conformado por funcionarios del CPCCS) revisó sus méritos, sin determinar incumplimientos legales.
Pero, tras la impugnación, dicho equipo técnico argumentó que volvieron a revisar la documentación y que “generaba dudas sobre la temporalidad” de su título de tercer nivel, por lo que el puntaje que se le dio no le correspondía.
Además, que el Consejo la descalificó porque su nombre constaría en el listado en el que se los acusa de tener afinidad con el Gobierno de Guillermo Lasso, “lo que generaría conflictos y un proceso viciado, y en tal sentido es necesario removerla del proceso”, según el informe.
Por ello, Ponce solicita que se suspenda el concurso público para la designación del contralor del Estado hasta que se resuelva su acción de protección.
Las acciones se presentaron entre el 26 y 27 de octubre últimos, cuando el Consejo de Participación Ciudadana posesionó a nueve de los diez comisionados ciudadanos para que inicien la organización del concurso para elegir al nuevo contralor, en reemplazo de Carlos Riofrío González.
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La comisión ciudadana inició sus actividades este lunes con la elección de presidente y vicepresidente.
Por mayoría, se eligió presidenta a Janneth Ojeda, representante de la ciudadanía; y a Juan Guaña, delegado de la Función Judicial, como vicepresidente. Como secretario fue electo el delegado de la Presidencia de la República, Jossueth Almeida.
Mientras tanto, el pleno debe resolver sobre la posible principalización de la ciudadana Carmen Atupaña, luego de que José Pazmiño Enríquez, quien fue sorteado como vocal principal, no asistió a la posesión alegando que vivía en Guayaquil y le tomaba doce horas el viaje de traslado a Quito.
Según se informó, Pazmiño no se ha presentado hasta el momento a regularizar su situación en el CPCCS.
El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, advirtió que, si no acudía a tomar posesión del cargo y presentar su documentación, “chao”. Es decir, perdería esa dignidad y sería reemplazado por Atupaña, que es su suplente.
Fuente: El Universo
