Un nuevo caso de corrupción sacude al Consejo de la Judicatura (CJ) de Mario Godoy. Esta vez, un proveedor denunció que dos funcionarios de la entidad le pidieron dinero a cambio de asegurar un contrato para el mantenimiento del parque automotor de la institución.
El escándalo salió a la luz luego de que el proveedor avisó de la irregularidad a la vocal Magaly Ruiz y también presentó una acusación en la Dirección de Transparencia del CJ.
En el documento, el denunciante relata que alrededor de 15 oferentes estaban participando en un proceso de contratación con un presupuesto referencial de $ 232.035,26.
Sin embargo, cuando se encontraba en la fase de validación de errores, recibió una llamada para citarlo a conversar de ese proceso en un restaurante, ubicado en la Avenida González Suárez, al norte de Quito.
“En esa reunión estuvieron presentes el Sr. Alex Gallo, actual Director Nacional Administrativo del Consejo de la Judicatura, y quien se identificó como subdirector, un señor Miguel, que fue quien me había llamado”, dice la denuncia.
El proveedor agregó que en esa reunión los dos funcionarios le manifestaron que si quiere participar y ganar el proceso de contratación debe entregarles un porcentaje del monto que se adjudique.
“Iniciaron requiriéndome el 14%, ante lo cual respondí que no tengo esa cantidad de dinero. Me supieron indicar que otros proveedores incluso están entregando el 18% y 20%. Incluso el señor Alex Gallo, me dijo que él podría darme haciendo la oferta para que yo pueda ser el oferente adjudicado o ganador”, narró el denunciante.
El contrato debía adjudicarse el 19 de enero del 2026, mismo día de la acusación, pero se declaró desierto. Al día siguiente, el 20 de enero, Alex Gallo renunció a su cargo argumentando motivos personales.
JUDICATURA REACCIONA
Ante este nuevo escándalo, la Judicatura emitió un comunicado en el que informa que ha resuelto la desvinculación inmediata de dos funcionarios de la institución.
La Judicatura señaló que el caso fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión a fin de que active el proceso investigativo correspondiente y se determinen las responsabilidades administrativas y penales que pudieran derivarse.
