Primicias .- La decisión se tomó al concluir la audiencia preparatoria de juicio. El Ministerio de Trabajo debe ejecutar la destitución del Consejo de la Judicatura de Juan José Morillo y Ruth Barreno, de sus cargos de vocales. Barreno además deberá cumplir prisión preventiva.
El juez nacional Walter Macías llamó a juicio por supuesto tráfico de influencias a Ruth Maribel Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco, vocales del Consejo de la Judicatura, el 28 de septiembre de 2023.
La decisión la tomó después de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que por más de 12 horas tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia. El proceso incluye al juez de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, quien también será juzgado.
El llamamiento a juicio contra los tres procesados implica que no podrán seguir actuando como vocales de la Judicatura y como juez, respectivamente, mientras enfrentan el proceso penal. Para esto Macías notificó al Ministerio de Trabajo para que, como órgano competente, la prohibición de ejercer cargos.
Esto se desprende del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), donde estipula las inhabilidades para que una persona pueda ser nombrado o desempañar un cargo en la Función Judicial.
La tercera inhabilidad se configura si el funcionario “hubiese sido llamado a juicio por delito reprimido con prisión o reclusión, por providencia ejecutoriada, mientras no haya sido absuelto”. Esto aplica para tráfico de influencias.
Los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Barreno (derecha), junto al presidente Wilman Terán, durante una reunión con la Federación Latinoamericana de Magistrados, el 16 de febrero de 2023, en Quito. Twitter / @CJudicaturaEc
Además, sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el juez Walter Macías dio paso a la orden de prisión preventiva en contra de la vocal de Ruth Barreno, ya que hay indicios de que las medidas alternativas no son suficientes y es necesario su arresto para que se garantice su presencia en el juicio.
También, el magistrado dictó medidas de protección en favor de Wilson Toainga y Jefferson Aquieta, porque son los fiscales que están actuando en el caso y están bajo el control disciplinario del Consejo de la Judicatura.
La audiencia
En la audiencia, los abogados de Barreno y Morillo solicitaron la nulidad de todo lo actuado, quienes argumentaron falencias en el proceso de investigación, lo que fue rechazado por el juez Macías, que declaró “la validez procesal de todo lo actuado hasta este momento”.
En su intervención, la fiscal General, Diana Salazar, adujo que existen motivos suficientes para llamar a juicio a los implicados. Los responsabilizó de haber buscado impedir la destitución de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Lori, con la colaboración del juez Jhayya.
“Ejercieron influencia para obtener una resolución que genere un beneficio inmaterial, favorable y célere, dentro de la acción de protección”, dijo la Fiscal.
