Si no hay supuestamente evidencias de la existencia de los tagaeri y los taromenane, pueblos considerados como “no contactados” o en “aislamiento voluntario” en los campos del Yasuní-ITT (bloques 31 y 43), es porque el Estado ecuatoriano no ha hecho los “esfuerzos suficientes” para hallarlas.
Así lo expresa el antropólogo Eduardo Pichilingue, miembro del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, refiriéndose al informe que el Ministerio de Justicia elaboró a pedido del presidente Rafael Correa para solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional del ITT e iniciar la explotación petrolera.
Dicho documento, que consta de once páginas, concluye que en esos campos no habita población indígena aislada, ni son zona de tránsito.
El ITT está dentro de la llamada Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT), espacio que está vedado a perpetuidad a la actividad extractiva.
El documento entregado a Correa –y que ahora analiza la Asamblea– expone los resultados del llamado Plan de Medidas Cautelares, que desarrolla esa cartera de Estado desde el 2006 por exigencia de la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) en protección de dichos clanes indígenas.
El informe muestra dos mapas de la supuesta ubicación de los pueblos aislados. Y en ambos casos estos aparecen lejos del sector que se explotaría.
El primero es el del Museo Etnográfico. Fue elaborado en 1958 y en él se mencionan a los clanes Guikitair, Piyeimori, Baiwairi, Wepeiri y Taromenane.
Uno más actual, elaborado por el mismo Ministerio, detalla la existencia de otros grupos denominados Tivacuno, Nashiño/Curaray y Cuchiyacu, que “viven en lugares alejados a las riberas de los ríos y se asientan en zonas altas”.
Según el estudio, los “patrones de asentamiento” de los pueblos no contactados indican que habitan en zonas “interfluviales, no inundables y que van entre los 250 y 450 metros sobre el nivel del mar”, características que no corresponden a los bloques 31 y 43.
Para llegar a estas conclusiones, el Ministerio de Justicia recopiló testimonios de las poblaciones aledañas, hizo recorridos con técnicos indígenas y tomó fotografías satelitales.
También colocó cámaras “trampa” en “sitios estratégicos” aunque hasta el momento “solo han logrado captar fauna”, explica la exministra del Ambiente y actual legisladora, Marcela Aguiñaga (AP).
Pichilingue, que también fue funcionario del Plan de Medidas Cautelares, considera que para que esa metodología de trabajo sea válida haría falta saber por dónde pasa la gente.
“Tener una huella, un lugar en donde se los ha visto… Pero ese no debería ser el objetivo del Plan de Medidas Cautelares, porque no estamos buscando personas específicas, sino lugares de utilización. Tal vez en ese momento en que se pusieron las cámaras, ese lugar no estaba siendo utilizado”, critica.
Miguel Ángel Cabodevilla, misionero capuchino y estudioso de estos pueblos, cuestionó a exfuncionarios del Gobierno y al Ministerio de Justicia por no precisar la información.
“El señor Wilson Pástor (exministro de Recursos No Renovables) dice que nunca ha habido evidencia de la presencia de esta gente. ¿Qué significa nunca? ¿El año pasado, hace 50 años? Se dice que nunca han estado, ¿entonces tiene la evidencia de que no están? Dicen que hay cuatro grupos no contactados. ¿Hay o no hay?”.
