La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Acuerdo Estratégico de Cooperación Económica con Corea del Sur, marcando un paso clave en la política comercial del país. La decisión se tomó con 83 votos a favor y permitirá avanzar hacia su implementación.
El tratado abre el acceso a un mercado de más de 50 millones de consumidores. Según lo aprobado, cerca del 98,8 % de la oferta exportable ecuatoriana podrá ingresar sin aranceles. Productos como el camarón tendrán beneficios inmediatos, mientras que otros, como el banano, se integrarán de forma progresiva.
El acuerdo no solo impulsa exportaciones. También incluye mecanismos para proteger a sectores sensibles de la economía local. Áreas como lácteos, arroz, maíz, textiles y calzado contarán con plazos de hasta 15 años para adaptarse a la competencia internacional.
Esta estrategia busca equilibrar la apertura comercial con la estabilidad productiva interna. De esta forma, se pretende evitar impactos bruscos en industrias nacionales mientras se integran a nuevos mercados.
Corea del Sur importa gran parte de los alimentos que consume, lo que representa una oportunidad para el sector agropecuario, pesquero y agroindustrial de Ecuador. Además, el acuerdo permitirá competir en igualdad de condiciones con países como Chile, Perú y Colombia, que ya tienen tratados similares.
En los últimos años, experiencias de reducción arancelaria han impulsado exportaciones ecuatorianas, especialmente de productos agrícolas, lo que refuerza las expectativas positivas en torno a este acuerdo.
El tratado incluye 23 capítulos que abarcan comercio de bienes, servicios, comercio electrónico y propiedad intelectual. También incorpora un componente de cooperación en áreas como tecnología, energía, salud, acuacultura y desarrollo de mipymes.
Este eje busca fortalecer la producción nacional mediante transferencia de conocimiento y modernización de procesos. Además, consolida la relación bilateral entre ambos países en un contexto global cada vez más competitivo.
Pese a su aprobación, el acuerdo generó división política. Algunos legisladores votaron en contra, argumentando posibles riesgos para ciertos sectores productivos.
